Rev. Ciencias Sociales 173: / 2022 / III

ISSN Impreso: 0482-5276 ISSN electrónico: 2215-2601

¿De qué se habla en la academia cuando se dice “neoliberalismo”?
Reflexiones sobre un concepto1

What does the Academy mean BY “neoliberalism”?
Reflections on a concept

María Flórez-Estrada Pimentel*

Resumen

En este artículo reconstruyo y analizo los cambios epistémicos que produjeron el liberalismo y el desarrollo del capitalismo en la modernidad, los cuales trastornaron de un modo significativo las identidades de hombres y de mujeres, el imaginario sobre los lazos sociales y las relaciones de parentesco, así como el horizonte de posibilidades. Además, repaso críticamente la genealogía del concepto de “neoliberalismo” con el fin de problematizar su uso por la academia y recuperar la utilidad de las ideas y de los valores liberales para el feminismo y para los movimientos de mujeres, los cuales, en el siglo xxi, continúan bregando por obtener derechos elementales, como por ejemplo, el derecho al trabajo en igualdad de condiciones.

Palabras clave: Liberalismo * neoliberalismo * feminismo * capitalismo * INDUSTRIALIZACIÓN

Abstract

In this article, I reconstruct and analyze the epistemic changes produced by liberalism and the development of capitalism in Modernity, which significantly altered the identities of men and women, the social imaginary about social and kinship relations, as well as the horizon of possibilities. In addition, I critically review the genealogy of the concept of “neoliberalism” in order to problematize its use by Academia and recover the usefulness of liberal ideas and values for feminism and for the women organizations, which, in the 21st. Century, they continue to struggle in order to obtain basic rights, such as the right to work under equal conditions.

Keywords: Liberalism * neoliberalism * feminism * capitalism * industrialization

* Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericana, Semanario Universidad y Escuela de Filosofía, de la Universidad de Costa Rica, San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica.

maria.florez-estrada@ucr.ac.cr

Introducción: la ruptura epistémica

Para llamar “neo” (nuevo) liberalismo al modelo económico actual, es necesario conocer en qué consistió el “primer” liberalismo y ubicar su surgimiento en el contexto de los procesos históricos. En este sentido, lo primero que ha de tenerse en cuenta es que el liberalismo, tanto en términos filosóficos como en el de una forma de organización social y económica de la sociedad, implicó un cambio epistémico en relación con el pensamiento tradicional, premoderno o colonial. Dicha ruptura trastocó de un modo significativo las identidades de hombres y de mujeres, el imaginario sobre los lazos sociales y las relaciones de parentesco, así como el horizonte de posibilidades pensables en muchas dimensiones de la vida social.

Como sabemos, en la Colonia costarricense —y del resto de América— la población estaba sometida a las regulaciones económicas (como la obligatoriedad de comerciar monopólicamente con España) y a los impuestos reales, a la vigilancia, los juicios y las penas de la Inquisición, a los pagos obligatorios de diezmos y primicias a la Iglesia católica, entre otros aspectos.

El liberalismo, como filosofía y como práctica viva nació, así, en confrontación con el principio de autoridad patriarcal y su organización social jerárquica y estamental, la cual típicamente es representada en la forma de una pirámide en cuya cúspide se encuentran el papado católico y el rey.

A lo largo de varios siglos, esa ruptura epistémica fue alimentada por el cisma protestante, por la Ilustración, por las revoluciones democráticas europeas y anticoloniales americanas (Inglaterra, Estados Unidos, Francia, los levantamientos de Túpac Amaru y Tupac Catari —en Perú y Bolivia, respectivamente, en la década de 1780—, entre otras) y por las guerras y movimientos por la Independencia frente a España (Costa Rica, en 1821). También, introdujo de un modo inédito las libertades y los derechos individuales universales de conciencia y de pensamiento, de expresión y de difusión de ese pensamiento, de imprenta, de movimiento o de migración y residencia (contra la obligatoriedad de trabajar en la localidad de residencia), de comercio e industria (contra los monopolios reales y la obligatoriedad de trabajar en los oficios autorizados, mayormente heredados de los padres). En otras palabras: el derecho de actuar libremente en el espacio y en el tiempo, así como de intercambiar tanto mercancías como la propia fuerza de trabajo. Tal ruptura fue vivida como una auténtica “guerra”, total o cultural, porque la nueva visión epistémica —la de las libertades individuales para los hombres no esclavos— desafió para siempre lo que hasta entonces se tomaba como el orden social natural.2

Este cambio epistémico impulsó —y a su vez fue resultado de— el desarrollo del capitalismo comercial, industrial y financiero. No hablo de una relación mecánica de causa y efecto, porque el papel de la subjetividad y del deseo de las personas vivas fueron muy importantes, como veremos a continuación.

En lo subjetivo, se trató del proceso de emancipación del individuo masculino frente al control patriarcal (del Papa, del Rey y del pater familias) control autoritario que era y es propio de las visiones epistémicas comunitaristas (orden jerárquico —divino o político—, subordinación del individuo a la comunidad, al partido, a la familia). Esa visión tradicional afectaba lo que hoy se llama la autonomía y las libertades individuales, tanto de los hombres como de las mujeres, aunque las luchas feministas por la emancipación se dieron —y se dan— a pesar de la resistencia de los revolucionarios.3

En Costa Rica —como en Francia— el liberalismo del siglo xix se manifestó en un decidido proceso de secularización o laicización del Estado que introdujo la Ley Testamentaria (1881). Esta ley impidió que el último confesor de una persona moribunda pudiese heredar sus bienes y prohibió a la Iglesia católica recibir más del 10% de una herencia. Asimismo, suscitó la instauración del matrimonio civil y del divorcio civil, aceptó el reconocimiento del derecho de la persona propietaria a disponer libremente de sus bienes y a la protección de la propiedad privada frente al Estado. Por otro lado, también se promulgaron la Ley Fundamental (1885) y de la Ley General de Educación Común (1886), se estableció el derecho de la mujer casada a hacer contratos libremente y se introdujo la educación laica y la sustitución de los cursos de religión por los de moral y cívica, entre otras acciones.

En Costa Rica —como ocurrió en el resto de Occidente— el ‘primer’ liberalismo fue combatido de modo sistemático por la Iglesia católica. En el caso particular de este país, se dio, emblemáticamente, por el obispo Thiel en la parte final del siglo xix y por el obispo Víctor Manuel Sanabria en la primera parte del xx. Veamos cómo lo planteó el propio Thiel:

El liberalismo no es una herejía que, como la mayor parte de las antiguas, niega uno ú otro dogma de la religión, sino que él destruye ó debilita todo el dogma y la moral exagerando la libertad humana; por esto, causa él los estragos más grandes en la vida moral, social y política. De allí viene que el liberalismo no es un error simplemente de cátedra o escuela, sino que se encuentra en la gran plaza de la vida social y política y con el cual á cada paso nos encontramos. Debemos, pues, todos, no sólo detestar el liberalismo de corazón, sino también combatirle activamente profesando sin miedo, sin respeto humano, los principios netamente católicos (Thiel, 1891, p. 15).

En términos filosóficos, para el catolicismo y el cristianismo, el liberalismo fue —y continúa siendo— su “enemigo estratégico” debido a su desafío del principio de autoridad patriarcal sobre el cual se fundamentaba el orden social.

Así comenzó la “mala fama” del liberalismo, no solo entre las personas católicas, sino también de las de pensamiento proclive a las visiones comunitaristas —hasta hoy necesariamente patriarcales—, lo cual incluye a los sistemas filosóficos socialistas y comunistas, en la medida en que conciben el bien común como prioritario sobre el individuo. En la primera parte del siglo xx, esta afinidad facilitó la alianza de la Iglesia Católica y del Partido Comunista para la construcción de lo que he caracterizado como el Estado Social Confesional Católico.4

Pero, no nos adelantemos.

En términos de la teoría económica, el liberalismo clásico —inaugurado por Adam Smith— también fue posible debido al proceso de cambios epistémicos. A partir de estos se abandonó progresivamente la visión ascética cristiana y católica de la “economía de la pobreza” —basada en la promoción de la “frugalidad” material como valor moral— y se reconoció y aceptó como valor el deseo humano por el placer material, el confort y, en general, la búsqueda de la felicidad aquí en la Tierra.5

La visión ascética católica de la economía concebía al ser humano como un sujeto que debía combatir su deseo e interés personal, quien debía laborar únicamente para satisfacer las necesidades de su subsistencia familiar y para dar una cuota para el sostenimiento de la Iglesia católica. Sin embargo, el desarrollo del comercio y de las fuerzas productivas fueron transformando esa visión hacia a la posibilidad de trabajar también para acumular y heredar riqueza (privada o individual, en contraposición con la acumulación que sí se permitían las autoridades monárquicas y eclesiales) y de consumir “bienes de lujo”; es decir, de otro consumo que no fuera únicamente para cubrir las necesidades básicas.

Con el mercantilismo del siglo xviii se desarrolló la idea de la “sociedad comercial”, del “dulce comercio”6, el cual se basó en la sociabilidad y en la construcción de confianzas7. Posteriormente, con Adam Smith, se legitimó más aún el deseo y la búsqueda moderada y racional —es decir, con circunspección— del lujo y de la “vida buena”.8

Precisamente, la preocupación moral de Adam Smith (2007) por la extenuación de las energías de los trabajadores manuales —Smith asumía que eran todos hombres— y por el mecanicismo vital que el desarrollo del capitalismo industrial les causaba, lo llevó a postular la necesidad de que, mediante la educación pública universal, el Estado los rescatara de la alienación que les producía la creciente división del trabajo en el capitalismo. Smith es, pues, quien introduce teóricamente el concepto de alienación, así como muchas de las categorías de análisis del capitalismo, que Karl Marx (2008) retomará en El Capital.

La teoría económica clásica —el liberalismo clásico— nunca fue una visión que avalara únicamente el laissez faire o un “capitalismo salvaje”, sino una propuesta que buscó comprender el funcionamiento y el modo racional de “domar” a esa bestia en la que podía convertirse el capitalismo industrial, si no se actuaba para moderar los impulsos humanos hacia el consumo y la acumulación.

Por el contrario, el ʻprimer’ liberalismo sí fue una visión epistémica humanista que defendió los derechos humanos individuales, la democracia y la secularización del Estado ante el desarrollo del mercado y de las fuerzas productivas.

Añadiré que la defensa de la relevancia de la ruptura epistémica y de los valores del liberalismo sigue siendo de utilidad y de necesidad clave para las luchas feministas —como veremos posteriormente—, a pesar de que el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres no estuvo ni en la agenda ni en el propósito de la gran mayoría de los hombres revolucionarios liberales o socialistas, pues las mujeres se apropiaron de sus derechos y libertades incluso contra la voluntad de estos.

La ruptura subjetiva

Antes vimos que la opinión negativa del obispo Thiel sobre el liberalismo fue muy fuerte porque la visión democrática, liberal y laica de la sociedad desplazó de la cúspide del Estado a las autoridades católicas y monárquicas.

Sin embargo, el “desorden” causado por el capitalismo industrial y por las ideas liberales en el viejo orden de cosas, afectó también otros aspectos como el orden sexual tradicional que prescribía el catolicismo. Asimismo, golpeó fuertemente al principio de autoridad masculino y al “sentido del honor” que constituía la identidad de los hombres y que correspondía a la antigua organización social comunitaria.9 Además, implicó una devastación subjetiva particularmente para los hombres trabajadores.10

Lo anterior porque, en la sociedad tradicional, las mujeres no debían trabajar fuera del recinto doméstico. Adicionalmente, cuando obtenían algún ingreso se consideraba como un apoyo o complemento al “verdadero” ingreso, que era el del esposo, la autoridad patriarcal doméstica.

Pero la dinámica del capitalismo industrial estimuló la salida de las mujeres a los espacios públicos de un modo más masivo. Así, comenzaron a trabajar en talleres, fábricas y como sirvientas en los hogares urbanos, lo cual amenazó la identidad masculina obrera de dos modos. Por un lado, la oferta de la fuerza de trabajo de las mujeres representó una mayor competencia para ellos en el mercado laboral —así como un desafío para la asociación identitaria del orgullo masculino con ciertos oficios—. Por otro lado, desafió el honor masculino de no poder mantener a sus esposas e hijas bajo su control y en la domesticidad.11

La solución católica para resolver esta crisis del orden sexual patriarcal tradicional fue la planteada por el Papa León xiii (1891). En su encíclica “Rerum Novarum”, afirmó que al trabajador debía pagársele un “salario familiar”, el cual fue definido en los términos tradicionales y clásicos12 como un salario suficiente para que el hombre trabajador pudiera reproducirse, costeando la manutención de una esposa que fuera madre, así como la de “los hijos que Dios le mandara”, de modo que —como también dirá el marxismo— “no se extinga la raza de los obreros” (Marx, 1844).

La noción del salario familiar como solución para los trabajadores del capitalismo industrial es la que dio pie a la construcción del Estado de Bienestar de Bismarck en Alemania y más tarde a los estados de bienestar familistas europeos.13

En Costa Rica, el salario familiar fue defendido tanto por el obispo Thiel en el siglo xix como por el obispo Sanabria, el Partido Comunista y el gobierno liberal-católico de Calderón Guardia, en la primera mitad del siglo xx. Como dije anteriormente, fue el concepto patriarcal que constituyó el mínimo común denominador que hizo posible el pacto tripartito formador del Estado Social Confesional Católico.

Para ello, por un lado, se crearon las instituciones y políticas que proporcionaran ese “nido” católico para la reproducción del trabajador (el Capítulo de las Garantías Sociales de la Constitución de 1949, la Caja Costarricense de Seguro Social, etc.). También se promovió que las mujeres fueran “amas de casa” y madres científicas modernas —con un promedio de cinco hijos—, se reintrodujo la educación religiosa obligatoria en el sistema público y se “restauró” la influencia católica en el Estado.14

Desde entonces —y esta dimensión del mundo del trabajo tampoco ha cambiado lo suficiente con la implementación parcial del modelo del Consenso de Washington en Costa Rica—, el mercado laboral y las políticas públicas relativas a este —al estar diseñadas en función del esquema del hombre trabajador, de la mujer ama de casa y del salario familiar—, sigue produciendo una seria discriminación hacia las mujeres, la cual se manifiesta en diversas brechas como más desempleo para ellas que para los hombres y salarios más bajos para ellas aunque hagan el mismo trabajo. Asimismo, aunque tengan mayor escolaridad que los hombres —porque estudian más años como un modo de poder competir contra los prejuicios en la búsqueda de un empleo—, no llegan a ocupar los puestos mejor pagados y de mayor poder, o bien, viven en la dependencia propia de las amas de casa con respecto al seguro social del hombre proveedor, etc.

Además de trabajar remuneradamente, las mujeres son cargadas con una segunda jornada: la del trabajo de la reproducción doméstica, que no se les paga a pesar de ser un trabajo socialmente necesario, lo cual las convierte —conceptualmente hablando— en las “proletarias del proletario”.

Como puede verse, es comprensible que el discurso cultural antiliberal y promotor del Estado Social Confesional Católico fuera acogido por los hombres de los sectores populares, porque contribuyó a restaurar la masculinidad patriarcal católica como valor en la sociedad costarricense, particularmente, entre los asalariados. Pero, para las mujeres, tuvo el efecto contrario, de buscar redomesticarlas y de fortalecer su dependencia con respecto al salario de su marido o proveedor.15

Las mujeres, y particularmente, las académicas feministas, deberíamos tener un análisis más documentado y fino de lo que se llama popularmente “el Estado Social”, así como de las políticas públicas, con el fin de identificar los discursos y los mecanismos profundamente patriarcales que todavía subyacen en esa idea y que se reproducen en muchas de sus instituciones, programas y políticas.

¿Qué es el neoliberalismo?

El estudio de Boas y Gans-Morse (2009) determinó la existencia de dos momentos históricos en los que se construyó el concepto de “neoliberalismo”: primero, el original, de la escuela económica de Friburgo, en Alemania, en los años 30 del siglo xx —precisamente en los años de la formación del Estado Social—16. Segundo, el de la crítica de algunos académicos chilenos de izquierda a la dictadura de Augusto Pinochet, en Chile, en la década de los 80 del siglo xx; régimen que, en lo económico, se asesoró por los “Chicago Boys” —economistas neoclásicos chilenos que estudiaron en la Universidad de Chicago—. Sin embargo, mi planteamiento es que, para ser científica, esta crítica debió acuñar el término “pinochetismo”, en vez de “neoliberalismo”.

Además, Boas y Gans-Morse (2009) encontraron que, en ambas etapas, el concepto de “neoliberalismo” tuvo contenidos normativos completamente opuestos.

Mientras que, en la primera etapa, el “neoliberalismo” —también conocido como “ordoliberalismo” (es decir, “orden liberal”)— de los economistas de Friburgo recuperaba el sentido clásico de Smith (esta vez para regular las fuerzas actuantes en el mercado en favor de una mejor redistribución de la riqueza y de los beneficios), el concepto de “neoliberalismo” que se popularizó bajo el régimen militar chileno hizo referencia a la creación dictatorial de una economía de libre mercado, sin consideraciones redistributivas y al precio de atropellar las libertades individuales y democráticas; es decir, al precio de atropellar los valores propios del liberalismo.

Recuérdese que, a partir de la segunda mitad de la década de los 70 del siglo xx, el alza inusitada en los precios del petróleo llevó a la imposibilidad de pagar las deudas externas —principalmente en América Latina— y a una incapacidad de continuar financiando en las mismas proporciones los modelos de los Estados de bienestar basados en el salario familiar patriarcal.

Además, ocurrió una crisis de acumulación del capital debido tanto a que los países desarrollados alcanzaron la frontera del desarrollo tecnológico, cuanto a las barreras proteccionistas frente a las tendencias globalizantes del comercio y del capital financiero, lo cual se tradujo en un estancamiento de la productividad y de la rentabilidad del capital.

Al respecto, Thomas Picketty (2014) muestra los datos según los cuales una vez que la frontera tecnológica había sido alcanzada tanto por Europa como por los Estados Unidos, ni el intervencionismo estatal entre las décadas de los años 30 y 70 del siglo xx ni las políticas de liberalización de los mercados a partir de los 80 del siglo xx, tuvieron un impacto en aumentar el crecimiento económico. Esto solo resalta el papel decisivo de las revoluciones tecnológicas en las crisis del capitalismo, por encima de las recetas más o menos intervencionistas que se prefieran.

Esta crisis fue abordada de un modo reformista radical por los gobiernos de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan en Inglaterra y en los Estados Unidos, respectivamente y, además, de un modo antidemocrático por la dictadura militar chilena. Pero, en el resto de América Latina —y particularmente en Costa Rica—, los abordajes variaron.

La investigación de Boas y Gans-Morse (2009) encontró, como mencioné, que ciertos académicos de la izquierda chilena dieron el salto de llamar —de un modo arbitrario— “neoliberalismo”, al conjunto de las políticas de la dictadura de Pinochet y a teñir de una connotación normativa negativa el pensamiento de Friedrich Hayek y de Milton Friedman, quienes, por el contrario, abogaron por la visión neoclásica friburgeana —es decir, humanista— de la economía y nunca abdicaron de los valores éticos y democráticos del liberalismo.

El mismo John Williamson —economista que acuñó la frase “Consenso de Washington” en alusión a la conferencia de economistas estadounidenses y latinoamericanos que dio pie al famoso documento— buscó diferenciar estas propuestas para salir de esa crisis, de la noción de los Chicago Boys, cuyo defecto consistía en ser planteada como “una agenda ideológica válida para todo tiempo, que supuestamente estaba siendo impuesta en todos los países” cuando “de hecho, los términos alternativos típicamente adoptados por los proponentes del libre mercado —consenso, ortodoxia, ajuste y estabilización— implican medidas usuales para un retorno a la normalidad en vez de un radicalismo” (Boas y Gans-Morse, 2009, p. 141).17

Incluso, en Costa Rica, que no tiene ejército, se ha hablado de la “neoliberalización” de la economía —en el sentido del modelo económico aplicado por la dictadura militar chilena, cuando el concepto correcto, como dije, debería ser “pinochetización”—. En realidad, ni siquiera las prescripciones del “Consenso de Washington”, sintetizadas por Williamson, se aplicaron aquí en su totalidad y las que sí se desarrollaron para superar aquella crisis no tuvieron un carácter radical ni antidemocrático y fueron el resultado de negociaciones políticas.

¿Consenso de Washington en Costa Rica?

Desde la Independencia en Costa Rica se desarrollaron tres modelos económicos capitalistas estrechamente vinculados con el comercio internacional: el agroexportador (de café y banano, principalmente), el de sustitución de importaciones y de promoción del Mercado Común Centroamericano —sugerido por la Comisión Económica para América Latina (Cepal) entre 1950 y 1974, también conocido como de “desarrollo hacia adentro” o “proteccionista”—, así como, el de estabilización y apertura económica y financiera desde la crisis de los 80 del siglo xx.

Todos ellos combinaron, en diferentes grados, las ideas clásicas sobre la economía, con decisiones pragmáticas en función de los problemas nacionales. Esto hace pertinente recuperar la idea de que los países siempre tienen capacidad de agencia, no son meros aplicadores de instrucciones externas. Además, —salvo en el caso de una invasión colonialista— cada país negocia los modelos económicos tanto entre sus fuerzas internas, como con las fuerzas externas.

En naciones con sistemas democráticos como Costa Rica, nunca se trata solo de modelos “impuestos” desde el exterior, sino que también responden a los intereses, problemas, confrontaciones y negociaciones de las distintas fuerzas internas, que se movilizan y luchan por plasmar sus ideas e intereses.

Aquí, como en el resto de los países de la periferia capitalista, aquella crisis del modelo de sustitución de importaciones promovido por la Cepal y del “Estado Empresario” se manifestó en el deterioro de los términos de intercambio de las exportaciones y en el alza en los precios de los combustibles importados. Como consecuencia, esto llevó a la hiperdevaluación de la moneda local frente al dólar y a crecientes déficits fiscales y deudas externas, que se volvieron impagables (como ocurrió durante las administraciones de Rodrigo Carazo y Luis Alberto Monge).

Consideremos ahora la forma como el país afrontó aquella crisis. Por un lado, el modelo del “Consenso de Washington”, según Williamson (1994), consistió en la promoción de 10 medidas de política económica. Estas fueron: evitar grandes déficits fiscales en relación con el Producto Interno Bruto; redireccionar el gasto público —mediante la eliminación de subsidios considerados “ineficaces”— para fortalecer la inversión pública en lo esencial: educación, salud e infraestructura; realizar una reforma fiscal para ampliar la base tributaria y moderar los impuestos que inciden en la producción; eliminar los subsidios que mantenían las tasas de interés artificialmente bajas; flexibilizar el tipo de cambio (hacerlo “real” en vez de controlado); abrir y diversificar el comercio externo quitando barreras proteccionistas; levantar las barreras a la inversión extranjera directa (mediante el régimen de zonas francas, entre otros); privatizar las empresas estatales; eliminar barreras a la competencia en los mercados internos, excepto las que estén justificadas por razones de seguridad, protección del medio ambiente y del consumidor, pero, simultáneamente, fortalecer la supervisión prudencial de las entidades financieras; garantizar la seguridad jurídica y formalizar los derechos de propiedad.

En cambio, la versión costarricense del nuevo modelo —como ha recapitulado el economista Eduardo Lizano (1999), quien fue presidente del Banco Central de Costa Rica en varias administraciones y uno de los diseñadores de las medidas que se tomaron entre 1982 y 1989—, consistió en una aplicación parcial del modelo del “Consenso de Washington”. La propuesta costarricense buscó, según sus autores locales, tres objetivos: “Democracia, progreso social y desarrollo económico”:

En el caso de Costa Rica, no se aceptó la tesis según la cual, para realizar la tarea por delante, el autoritarismo político era preferible al sistema democrático (Bates y Krueger). Este planteamiento nunca se tomó en consideración siquiera. (…) La democracia y el desarrollo económico podrían lograrse, sí y solo sí, el progreso social también se daba en forma concomitante. Por eso, en la situación de Costa Rica, se tuvo siempre en mente la necesidad de alcanzar estos tres objetivos. Es más, se trataba, en última instancia, de un único y solo proceso y no de tres objetivos. La larga tradición democrática del país y el relativo progreso social acumulado durante varias décadas así lo ponían en evidencia. Por eso no se aceptó la existencia de una relación tenue entre la política económica y el grado de liberalismo político, tal como concluye Williamson.18 Por el contrario, se asumió una estrecha vinculación recíproca y una retroalimentación profunda entre ambos. Era indispensable, por consiguiente, profundizar en la democracia, acelerar el progreso social y fomentar el desarrollo económico” (Lizano, 1999, p. 56).

Entre las medidas tomadas en la búsqueda de esos objetivos en Costa Rica, se encuentran: la venta de una parte de las empresas estatales de la Corporación de Desarrollo Estatal (codesa) previa negociación con cooperativas y organizaciones laborales interesadas en adquirir las acciones; la apertura de la cuenta de capitales —y bastante más adelante, de los mercados financieros, de telecomunicaciones y de seguros—; se crearon las zonas francas para atraer Inversión Extranjera Directa; entre 1987 y 1997 el empleo público se redujo en dos puntos porcentuales y en ese último año se ubicó en 14% del empleo total19; se diversificaron las exportaciones; y se disminuyeron el déficit fiscal y la deuda pública.

Según Lizano (1999), hasta 1994, las medidas cumplieron de modo “satisfactorio” con los objetivos de restablecer el equilibrio macroeconómico (estabilizar la economía a través de la baja del déficit y la deuda) y promover el crecimiento con una distribución más equitativa del ingreso, pues, debido a la crisis de la deuda externa, los salarios reales habían perdido un 17,6% de su poder adquisitivo.

Como consecuencia de las medidas adoptadas, los salarios reales recuperaron el nivel previo a la crisis del modelo anterior o mejoraron. Además, inicialmente, también la pobreza y el desempleo disminuyeron (Lizano, 1999). Otros estudios, como el de la economista Nancy Montiel (2000) para el periodo 1986-1997, coinciden con ese balance. Ella llega a la conclusión general de que el crecimiento económico se tornó más volátil —el Producto Interno Bruto (pib) tiende a variar excesivamente de un año a otro— y que el ritmo de crecimiento del empleo disminuyó, sin que se produjera una destrucción masiva de puestos de trabajo —salvo en el caso del sector agropecuario—.

Sin embargo, la economista afirma que, en este caso, se trató de “una tendencia de largo plazo que inició con la tecnificación del sector y el agotamiento del modelo agroexportador en las décadas de los años cuarenta y cincuenta, y que continuó con el auge de la industrialización sustitutiva de importaciones de los años sesentas y setentas, y no de una consecuencia directa del modelo de apertura económica” (Montiel, 2000, p. 282).

Montiel también considera que “la gradualidad de las reformas, las políticas de promoción de las exportaciones y el apoyo al sector productivo para la reconversión explican la inexistencia de destrucción masiva de empleos en la economía costarricense” (Montiel, 2000, p. 282) y que la producción para la demanda interna continuó jugando un papel importante, a pesar del cambio de modelo.

El economista Juan Diego Trejos (2000), coincide en que las reformas estructurales que se realizaron en el país para afrontar aquella crisis moderaron y, en algunos casos, evitaron los efectos más negativos que se constataron en la mayor parte de América Latina.

Sin embargo, en las décadas siguientes, mientras que la población costarricense aumentó de un modo importante y las mujeres se profesionalizaron e incrementaron su participación en la fuerza de trabajo, la creación de empleos se estancó, lo mismo que los salarios reales; la pobreza volvió a aumentar, creció la desigualdad y, a partir de la crisis mundial del 2007, volvieron a hacerse problemáticas variables macroeconómicas como el déficit fiscal y la deuda pública.

Sobre esta realidad, sobrevino la pandemia de la Covid-19 y la necesidad de poner en efecto medidas sanitarias que han golpeado fuertemente a la economía, con lo cual se han agravado las vulnerabilidades preexistentes en el mercado laboral.

Hasta aquí, podemos concluir que Costa Rica imprimió su propio sello a la receta del Consenso de Washington, lo cual inicialmente fue exitoso para salir de la crisis. Sin embargo, en el contexto de transición que implica la cuarta revolución industrial, la economía costarricense muestra crecientemente sus limitaciones para aumentar la producción, el empleo, los salarios y para erradicar la pobreza, así como para redistribuir más equitativamente la riqueza.

Esto sin profundizar en otras dimensiones de la conducta humana que han acompañado a los tres modelos seguidos hasta hoy, como son la corrupción, la elusión y la evasión fiscal —no solo de las grandes empresas, sino también de las pequeñas y medianas, así como de las personas profesionales independientes— y el tráfico de influencias, entre otros males.

El liberalismo es un aliado

Creo que políticamente también es un error considerar el liberalismo como un enemigo y no como un aliado, sobre todo hoy, cuando los restauracionismos religiosos buscan devolver a la sociedad al viejo orden autoritario patriarcal preliberal.

¿Cuál fue el modelo sexual que estuvo implícito en el modelo salarial del Estado Social y cuáles son sus consecuencias, hasta hoy, en términos de la discriminación, la desigualdad, el desempleo, etc., que padecen especialmente las mujeres?

En 1976, es decir, bajo el modelo del Estado Social Confesional Católico, el 36,3% de todas las mujeres del país eran “amas de casa”; en el 2008, lo eran solo el 25,5%. Si bien, en 1976 solamente el 17,2% de todas las mujeres del país declararon tener una ocupación remunerada, el 31,8% lo declararon así en el 2008 (inec, 1976 y 2008).

En Costa Rica, la tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo pasó de un 30,4% en 1988, a un 42% en 2009 (Montiel, 2000; inec, 2009).

Mundialmente, según datos de la cepal (2016), la tasa neta de participación de las mujeres en el trabajo remunerado prácticamente se duplicó entre 1990 y 2005 y se proyectaba que alcanzaría el 50% para el año 2030.

Con la llegada de la pandemia de Covid-19, las mayores víctimas de sus consecuencias en el mercado laboral son las mujeres. Según la Encuesta Continua de Empleo (ece), del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (inec), para finales del primer año de la pandemia de Covid-19 (el 2020), la tasa de desempleo alcanzó el 20% (un aumento de 7,6 puntos porcentuales -p.p.-) comparado con el cuarto trimestre de 2019. No obstante, la tasa de desempleo de las mujeres fue mayor que la nacional: alcanzó un 25,2%, mientras que la de los hombres fue menor que el promedio nacional: registró un 16,4%. El mismo patrón se reproduce al medir el subempleo y otras brechas por sexo.

La tasa neta de participación en el mercado de trabajo pagado de los hombres alcanzó el 72,3% en el 2020, mientras que la de las mujeres fue de solo un 49,2%. En paralelo, la tasa de no participación laboral de las mujeres se ubicó en un 50,8%, mientras que la de los hombres fue de solo 27,7 %: un incremento interanual de 2,6 p.p. y 1,6 p.p., respectivamente, con respecto al 2019.

Como ha sido comprobado por diversos estudios, el mercado laboral, que fue diseñado por la división sexual patriarcal del trabajo —retomada y reforzada por el Estado Social Confesional Católico a mediados del siglo xx— expulsa constantemente a las mujeres cuando no existe o no se aplica una legislación antidiscriminación y acciones afirmativas que reconocen esa desigualdad de partida.

En épocas de crisis, como la de la pandemia actual, las mujeres son expulsadas con mayor facilidad y rapidez del trabajo remunerado y empujadas a asumir las tareas de la reproducción social en la domesticidad. Incluso en la domesticidad de los hogares académicos, donde estudios recientes han encontrado que, por ejemplo, para trabajar en la virtualidad obligada por la Covid-19, los hombres de las parejas heterosexuales se quedan más con las oficinas o espacios privados de las casas, mientras que las mujeres laboran digitalmente más en las salas, cocinas u otros espacios compartidos de sus hogares.20

Ni el modelo agroexportador, ni el del Estado Empresario, ni el del Consenso de Washington a la tica —estos dos últimos acompañados por el Estado Social Confesional Católico— consideraron modificar ese mercado laboral, el cual todavía es reproducido por las políticas públicas y favorece la discriminación en contra de la autonomía económica de las mujeres. Un ejemplo claro es que las “amas de casa” aún no tienen un seguro social propio por el trabajo socialmente necesario que realizan.

Por eso, si se quiere acabar con la pobreza y con la desigualdad arbitraria, la economía y el mercado de trabajo no deben seguir siendo pensados por ninguna corriente ideológica a partir de la matriz tradicional. Las mujeres trabajadoras asalariadas han venido para quedarse, para eso han luchado y, entre otras cosas, tienden a alcanzar una calificación superior a la de los hombres como un medio para competir en mejores condiciones en estructuras que les son adversas de partida.21

Por eso, ahora retomo el hallazgo de Picketty, según el cual, una vez que la frontera tecnológica es alcanzada, ni las soluciones intervencionistas —de tipo keynesiano, por ejemplo— ni las políticas de liberalización de los mercados tienen un impacto en aumentar el crecimiento económico, lo cual solo resalta el papel decisivo de las revoluciones tecnológicas en las crisis del capitalismo, por encima de las recetas que se prefieran.

Y añado que, mientras en Costa Rica no se revisen y reformen las instituciones y las políticas públicas del Estado Social Confesional Católico para que las mujeres puedan participar en el mercado laboral en igualdad de condiciones que los hombres y así también tengan acceso a la autonomía económica, esa cuarta revolución tecnológica —que automatizará el 70% de los empleos existentes en el país— no podrá cuajar en estas tierras a la velocidad necesaria para impulsar al país.22

Antes de que alguien se precipite a sacar conclusiones falaces, con esto no estoy diciendo que toda la institucionalidad pública costarricense sea inservible. Pero sí afirmo que requiere de profundas reformas que respondan a la realidad actual, las cuales son indispensables para que la política social pueda cumplir un auténtico papel redistribuidor de la riqueza y de freno para la desigualdad. Si no se cambian aspectos de fondo como los que planteo, después de esta pandemia se volverá a la mediocridad económica y “conceptual”.

Por supuesto que, cuando la mayoría de los hombres liberales lucharon contra las monarquías y las jerarquías religiosas para hacer valer sus derechos y libertades, no pensaron que las mujeres también eran sus iguales, por lo cual a ellas también les pertenecían esos derechos y libertades.

Precisamente porque las mujeres no contaban para ellos, universalizaron los derechos “del hombre y del ciudadano”. Pero, como por “hombre” decían comprehender a la Humanidad, no les resulta fácil justificar la exclusión de las mujeres. Y ellas —como lo prueban el gillotinamiento de Olympia De Gouges y mil ejemplos más— se encargan de incluir sus derechos en la “universalidad genérica masculina” día a día, mediante su resistencia y su lucha.

Por eso, a pesar de esa falla en su origen, el pensamiento liberal es un aliado en las luchas feministas, del cual sería absurdo prescindir.

Hace apenas unos pocos años, como parte de mi trabajo académico, pregunté a un economista, quien entonces ocupaba un alto cargo en la Universidad de Costa Rica (ucr), su opinión sobre la forma en que el país debía abordar la creciente participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Su respuesta fue que debía aletargarse esa creciente participación, que las mujeres solo debían incorporarse paulatinamente porque, de otro modo, se disturbaba el mercado de trabajo —de los hombres, añado yo—.

Así se sigue pensando la economía en la Academia, en plena transición a la cuarta revolución industrial, en el siglo xxi y cuando el rover Perseverance ya trabaja para la ciencia desde el planeta Marte.

Conclusión: una prevención contra los discursos mitológicos

Concluiré diciendo que, en esas bolsas sin fondo en las que todo es metido, etiquetadas como “capitalismo” y como “neoliberalismo”, muchas personas de la academia y de los gremios del sector público depositan sus malestares con la cultura y con la existencia y a veces lo hacen desde el mismo sentido común con el que personas menos letradas atribuyen su penosa vida a un “mal de ojo”.

No podemos abandonar el pensamiento científico y sustituirlo por el sentido común. Los problemas que afronta la economía costarricense trascienden cualquier solución que sea planteada en términos simplistas, es decir, a modo de recetas o de modelos estables y permanentes. La historia más bien nos enseña que la dinámica económica depende de múltiples factores internos y externos, y que la lucha por introducir la racionalidad y la justicia en la actividad económica humana —sin caer en sistemas que conculquen las libertades y los derechos individuales— seguirá siendo un reto permanente para la teoría y para la práctica social.

Quien haya estudiado la historia de Costa Rica y más allá —y, de modo particular, la historia de las mujeres— sabrá muy bien que no, nunca existió esa mitológica comunidad unida, solidaria y feliz cuya paz y equidad social vino a ser disturbada por la emergencia del capitalismo y del liberalismo.

Cuando atribuyamos los malestares del mundo a algún sistema económico, social y político en particular, no olvidemos que los seres humanos somos capaces de las pulsiones más temibles, en cualquier clase de sistema.

¿De qué se habla en la academia cuando se dice “neoliberalismo”? Es una pregunta crucial, sobre todo debido a la crisis fiscal que enfrenta el país, alrededor de la que mi ensayo arroja elementos. Hoy, con urgencia, requerimos, más que sublimes discursos contra la injusticia económica, pensar en cómo pensamos y revisar nuestros propios beneficios reglamentarios, que han sido auto prescritos, muchos de ellos, en detrimento de quienes decimos defender.

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Fecha de ingreso: 17/06/2021
Fecha de aprobación: 13/12/2021

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