Crecimiento económico y desarrollo humano: un análisis comparativo entre México y Costa Rica en el marco de la Agenda 2030
Economic Growth and Human Development: A Comparative Analysis between Mexico and Costa Rica in the Framework of the 2030 Agenda
Octavio Rolando Lara Martínez*
Tipo de documento: artículo académico
Fecha de ingreso: 21/10/2025 • Fecha de aceptación:12/03/2026
Resumen
Este artículo tiene como objetivo analizar comparativamente la relación entre el crecimiento económico y el desarrollo humano en México y Costa Rica en el marco de la Agenda 2030 durante el periodo 1990-2023. Se busca determinar en qué medida el crecimiento económico se ha traducido en mejoras sostenidas del desarrollo humano en ambos países. La metodología empleada corresponde a un diseño documental con análisis empírico mediante regresión lineal, utilizando el software SPSS. Para ello, se procesaron estadísticas oficiales provenientes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Los resultados indican que, aunque ambos países han registrado avances en términos de crecimiento e indicadores sociales, Costa Rica presenta una mayor capacidad para transformar el crecimiento económico en desarrollo humano sostenido. Se evidencia que la calidad de la política social, la inversión en capital humano y la coherencia institucional afectan la transformación del desarrollo económico al bienestar, temas clave a abordar al planificar una trayectoria de desarrollo para América Latina.
Palabras clave: crecimiento económico, desarrollo humano, política pública, América Latina
Abstract
This article aims to comparatively analyze the relationship between economic growth and human development in Mexico and Costa Rica within the framework of the 2030 Agenda during the period 1990–2023. It seeks to determine the extent to which economic growth has translated into sustained improvements in human development in both countries. The methodology employed is a documentary study with empirical analysis using linear regression, performed with SPSS software. Official statistics from the United Nations Development Programme (UNDP), the World Bank, and the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) were processed. The results indicate that, although both countries have made progress in terms of growth and social indicators, Costa Rica demonstrates a greater capacity to transform economic growth into sustained human development. The study shows that the quality of social policy, investment in human capital, and institutional coherence affect the transformation of economic development into well-being key issues to address when planning a development trajectory for Latin America.
Keywords: economic growth, human development, public policy, Latin America
* Tecnológico Nacional de México, Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
https://orcid.org/0009-0009-4518-8450
octavio.lm@tuxtla.tecnm.mx
1. Introducción
El crecimiento económico y el desarrollo humano constituyen dos de los enfoques más relevantes para analizar el progreso de las naciones. Tradicionalmente, el crecimiento económico ha sido evaluado a partir de indicadores macroeconómicos como el Producto Interno Bruto (PIB), el cual mide la producción de bienes y servicios generados dentro de una economía en un periodo determinado. Durante décadas, el incremento del PIB ha sido considerado un indicador fundamental del desarrollo, bajo el supuesto de que el aumento de la actividad económica se traduciría automáticamente en mejoras en las condiciones de vida de la población. Sin embargo, la evidencia empírica ha demostrado que el crecimiento económico por sí solo no garantiza avances significativos en términos de bienestar social, equidad o calidad de vida.
En este contexto, diversos autores han cuestionado la suficiencia del PIB como indicador de progreso social. Desde la perspectiva de la economía del bienestar y el enfoque de capacidades, se ha argumentado que el desarrollo debe ser entendido como un proceso multidimensional que incluye no solo el crecimiento de la economía, sino también la expansión de las oportunidades y libertades de las personas. Amartya Sen (1999) sostiene que el desarrollo implica ampliar las capacidades humanas, permitiendo a los individuos acceder a educación, salud, seguridad y participación social. Bajo esta perspectiva, el bienestar de una sociedad no puede evaluarse únicamente a partir de indicadores económicos, sino que debe considerar variables sociales, institucionales y ambientales que influyen en la calidad de vida.
A partir de estas críticas surgió el enfoque de desarrollo humano impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual introdujo el Índice de Desarrollo Humano (IDH) como un indicador sintético que integra tres dimensiones fundamentales: ingreso, educación y esperanza de vida. Este indicador permite evaluar de manera más amplia el progreso de las sociedades, al incorporar variables relacionadas con el bienestar social y el acceso a oportunidades. En consecuencia, el enfoque de desarrollo humano ha contribuido a replantear la forma en que se analiza el progreso económico, destacando la importancia de las políticas públicas orientadas a fortalecer el capital humano y reducir las desigualdades sociales.
En el ámbito internacional, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible representa uno de los marcos normativos más importantes para orientar las estrategias de desarrollo en el siglo XXI. Adoptada por las Naciones Unidas en 2015, esta agenda establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que buscan promover un modelo de desarrollo equilibrado en sus dimensiones económica, social y ambiental. Entre estos objetivos destacan aquellos relacionados con la educación de calidad (ODS 4), el trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), la reducción de las desigualdades (ODS 10) y el fortalecimiento de instituciones sólidas (ODS 16). En este sentido, la Agenda 2030 plantea la necesidad de generar políticas públicas que permitan transformar el crecimiento económico en mejoras sostenidas del bienestar social.
En América Latina, la relación entre crecimiento económico y desarrollo humano ha sido objeto de amplio debate. Aunque varios países de la región han experimentado periodos de crecimiento económico sostenido durante las últimas décadas, persisten importantes desafíos en materia de desigualdad, pobreza y acceso a servicios básicos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha señalado que uno de los principales retos de la región consiste en fortalecer la capacidad de los sistemas económicos para traducir el crecimiento en mejoras reales en las condiciones de vida de la población. En muchos casos, el crecimiento económico ha coexistido con profundas desigualdades sociales y territoriales, lo que limita su impacto en el desarrollo humano.
En este contexto regional, el análisis comparativo entre países constituye una herramienta útil para comprender las diferencias en las trayectorias de desarrollo y en la efectividad de las políticas públicas. Comparar experiencias nacionales permite identificar factores institucionales, sociales y económicos que influyen en la manera en que los países transforman el crecimiento económico en bienestar social. En particular, el contraste entre economías con características estructurales distintas puede aportar elementos relevantes para el diseño de estrategias de desarrollo orientadas a fortalecer el capital humano y reducir las brechas sociales.
La comparación entre México y Costa Rica resulta especialmente pertinente en este sentido. México representa una de las economías más grandes y diversificadas de América Latina, con una importante integración en los mercados internacionales y una estructura productiva compleja. No obstante, el país enfrenta desafíos significativos relacionados con la desigualdad social, la informalidad laboral y las disparidades regionales en el acceso a servicios básicos. Estas condiciones han limitado la capacidad del crecimiento económico para traducirse plenamente en mejoras sostenidas del desarrollo humano.
Por su parte, Costa Rica ha sido reconocida en la región por su trayectoria de inversión social sostenida en educación, salud y protección ambiental. A pesar de contar con una economía de menor tamaño, el país ha logrado consolidar indicadores relativamente altos de desarrollo humano, lo que ha sido atribuido a la fortaleza de sus instituciones, a la estabilidad política y a la prioridad otorgada históricamente al desarrollo del capital humano. En consecuencia, Costa Rica representa un caso relevante para analizar cómo determinadas estrategias de política pública pueden contribuir a fortalecer la relación entre crecimiento económico y bienestar social.
A partir de estas consideraciones, el presente estudio tiene como objetivo analizar comparativamente la relación entre crecimiento económico y desarrollo humano en México y Costa Rica en el marco de la Agenda 2030 durante el periodo 1990-2023. El análisis busca identificar en qué medida el crecimiento económico se ha traducido en mejoras sostenidas del desarrollo humano en ambos países, así como examinar los factores institucionales y de política pública que influyen en esta relación. De esta manera, el estudio pretende contribuir al debate sobre las estrategias de desarrollo en América Latina y aportar evidencia empírica que permita comprender mejor los desafíos que enfrenta la región para avanzar hacia los objetivos establecidos en la Agenda 2030.
2. Marco teórico
El estudio del desarrollo de las naciones ha estado marcado por dos enfoques conceptuales principales: el crecimiento económico y el desarrollo humano. Aunque ambos conceptos se encuentran estrechamente relacionados, presentan diferencias importantes en cuanto a su enfoque analítico y metodológico. El crecimiento económico se refiere al incremento sostenido de la producción de bienes y servicios dentro de una economía, generalmente medido a través del Producto Interno Bruto (PIB) y sus tasas de variación. Desde la perspectiva de la teoría económica neoclásica, el crecimiento económico se explica a partir de factores como la acumulación de capital, el progreso tecnológico y el aumento de la productividad (Solow, 1956; Barro, 1991).
Bajo este enfoque, el crecimiento de la economía es considerado un elemento fundamental para mejorar el bienestar de las sociedades, ya que permite ampliar la capacidad productiva, generar empleo y aumentar los ingresos de la población. Sin embargo, diversos estudios han señalado que el crecimiento económico no necesariamente se traduce en una distribución equitativa de los beneficios generados por la actividad económica. En este sentido, Stiglitz et al. (2009) argumentan que el uso exclusivo del PIB como indicador del progreso puede resultar insuficiente para evaluar el bienestar real de las sociedades, ya que no considera aspectos fundamentales como la desigualdad, la sostenibilidad ambiental o la calidad de vida.
Frente a estas limitaciones, el enfoque de desarrollo humano propone una perspectiva más amplia del progreso social. Este enfoque parte de la idea de que el desarrollo debe centrarse en la expansión de las capacidades y oportunidades de las personas para llevar una vida digna. De acuerdo con Sen (1999), el desarrollo implica ampliar las libertades humanas, garantizando el acceso a educación, salud, seguridad y participación social. En este sentido, el bienestar de una sociedad no depende únicamente del crecimiento económico, sino también de la capacidad de sus instituciones para generar condiciones que favorezcan el desarrollo integral de las personas.
Con base en esta perspectiva, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) introdujo el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual constituye un indicador compuesto que integra tres dimensiones fundamentales del bienestar: ingreso, educación y esperanza de vida. Este indicador permite evaluar de manera más integral el progreso de las sociedades y facilita la comparación internacional entre países con diferentes niveles de desarrollo (PNUD, 2023).
En el contexto latinoamericano, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha destacado la necesidad de articular el crecimiento económico con políticas públicas orientadas a la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Según este organismo, el desarrollo sostenible requiere integrar dimensiones económicas, sociales e institucionales que permitan reducir las brechas de desigualdad y fortalecer la cohesión social en la región (CEPAL, 2018).
En este marco conceptual, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituye una referencia central para orientar las estrategias de desarrollo a nivel global. Adoptada por la Organización de las Naciones Unidas en 2015, esta agenda plantea la necesidad de promover un crecimiento económico inclusivo que contribuya al bienestar social y a la sostenibilidad ambiental. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecen metas específicas relacionadas con la educación de calidad (ODS 4), el trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), la reducción de las desigualdades (ODS 10) y el fortalecimiento de instituciones sólidas (ODS 16) (ONU, 2015).
En este sentido, el análisis de la relación entre crecimiento económico y desarrollo humano resulta fundamental para comprender las dinámicas de desarrollo en América Latina. La comparación entre países permite identificar diferencias en las estrategias de política pública y en la capacidad institucional para transformar el crecimiento económico en mejoras sostenidas del bienestar social. En particular, el contraste entre México y Costa Rica ofrece un marco analítico pertinente para examinar cómo distintas trayectorias de desarrollo influyen en la relación entre crecimiento económico, políticas públicas y desarrollo humano.
3. Orígenes del crecimiento económico y desarrollo humano en Costa Rica
El ejemplo de Costa Rica proporciona una referencia novedosa dentro de América Latina en términos de que ha conectado la prosperidad económica con políticas sociales orientadas al desarrollo humano. A diferencia de otros países de la región donde la industrialización temprana o la sobreexplotación de sus recursos naturales constituyeron la clave para el crecimiento, Costa Rica cimentó un modelo reforzado por la estabilidad política, la inversión social y la sostenibilidad ambiental como ejes estructurales de su desarrollo (Rodríguez-Clare y Trejos, 2010).
La abolición del ejército en 1948, el hito de desarrollo más importante en el último siglo también liberó recursos para la educación, la salud y la seguridad social. Hasta ahora, el presupuesto nacional se ha dedicado a fortalecer el potencial humano en lugar del gasto militar (Jiménez, 2014), y este episodio histórico representó un punto de inflexión en la trayectoria del país. La fundación de instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Universidad de Costa Rica en la década de 1950 fueron modelos de inversión en capital humano que proporcionaron una base sólida sobre la cual se pudo construir el desarrollo posterior (PNUD, 2020). Costa Rica ha sostenido el crecimiento económico en las décadas de 1960 y 1970, sustentado por la diversificación productiva y la modernización agrícola; sus exportaciones se basaron principalmente en café y bananos.
La característica distintiva, sin embargo, fue cómo los ingresos generados por estas actividades se reinvirtieron en programas sociales, creando un vínculo positivo entre el crecimiento económico y el bienestar de la población (Bulmer-Thomas, 2010). Una crisis de deuda externa en la década de 1980 obligó a replantear su modelo de desarrollo. Para ello, Costa Rica inició una política de liberalización comercial que buscó promover la inversión extranjera, primero en la manufactura y luego en la industria de alta tecnología. Sin embargo, a diferencia de otros lugares en América Latina, la liberalización económica condujo a políticas sociales que salvaguardaron los logros en salud, educación y otros servicios básicos (Mesa-Lago, 2008).
La expansión de su sistema educativo y de salud consolidó el desarrollo humano en Costa Rica. En particular, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2023), el país ha mantenido consistentemente un alto rango en términos de Índices de Desarrollo Humano (IDH) en América Latina, debido a su capacidad para hablar de prosperidad económica complementada con inversión social constante. Esto se refleja en estadísticas como una esperanza de vida superior a los 80 años, una tasa de alfabetización cercana al 98%y un sistema de salud ampliamente reconocido a nivel mundial. En las últimas décadas, este modelo se ha consolidado bajo el principio de la sostenibilidad ambiental como motor del desarrollo.
Acciones como preservar e incrementar la biodiversidad, promover la energía renovable y el ecoturismo han asegurado la reputación de Costa Rica como una de las naciones más visibles del mundo en términos de demostrar cómo el desarrollo económico y el bienestar social pueden encontrarse en la práctica (OCDE, 2017). Sería incorrecto decir que la base del desarrollo económico y humano en Costa Rica ha sido un solo producto debido a los tres elementos principales: 1) estabilidad política y nivel de organización democrática, 2) inversión en capital humano, y 3) diversificación de la producción que es sostenible.
Este modelo también ha traído tensiones, incluyendo disparidades territoriales, presión fiscal y disparidades sociales, sin embargo, ha permitido que el país sea visto como un punto de referencia en América Latina y como un laboratorio de políticas públicas que combinan economía, equidad y sostenibilidad (PNUD, 2023).
El desarrollo de Costa Rica puede analizarse a través de distintas etapas históricas, lo que permite observar cómo el país ha abordado el crecimiento económico en articulación con la sostenibilidad social y la inversión sostenible.
Estas etapas ilustran la manera en que se cristalizó un modelo que continuó permitiendo que los indicadores de desarrollo humano avanzaran a pesar de las dificultades. Durante la primera mitad del siglo XX (etapa de formación institucional y Estado Social), Costa Rica experimentó una fase de modernización institucional que se vio fortalecida por la eliminación del ejército en 1948. En este contexto, la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social (1941), la promulgación del Código de Trabajo (1943) y la nacionalización de los bancos (1948), establecieron las bases institucionales de un Estado Social orientado a garantizar los derechos laborales, el acceso a la salud y la educación (Jiménez, 2014). Durante este tiempo, la economía estaba principalmente orientada a la exportación de café y banano, cuyos ingresos contribuyeron a la administración de programas sociales.
El impacto directo de la inversión pública en educación y salud se manifestó en aumentos significativos en la esperanza de vida y la alfabetización (PNUD, 2020). En la etapa de crisis económica y ajuste estructural (1980-1990), se da la crisis de la deuda externa de los años 80 que obligó a Costa Rica a adoptar programas de ajuste estructural, impulsados en gran medida por las recomendaciones y condiciones establecidas por organismos financieros internacionales. Tanto el gasto público como la liberalización del comercio se redujeron; al principio, esto tuvo un impacto en los logros sociales alcanzados (Mesa-Lago, 2008). Sin embargo, a diferencia de sus pares en América Latina, Costa Rica mantuvo su sistema universal de salud y educación para resistir el impacto adverso del desastre en el desarrollo humano. Fue esta resiliencia la que contribuyó a niveles relativamente altos de bienestar social. En la fase de diversificación productiva y atracción de inversión extranjera (1990-2009), Costa Rica emprendió un plan de inserción internacional para atraer inversión extranjera directa, especialmente en manufactura avanzada y tecnologías de la información. Intel se instaló en 1997 y marcó el cambio hacia una economía más diversificada y menos dependiente de productos agrícolas tradicionales (Rodríguez-Clare y Trejos, 2010).
Al mismo tiempo, las medidas ambientales y de conservación en el país se fusionaron, con un énfasis en el ecoturismo como sector estratégico. El desarrollo humano también se mantuvo en un nivel aún más alto, evidenciado por el aumento tanto del nivel del Índice de Desarrollo Humano (IDH) como de la reducción de la pobreza extrema (PNUD, 2023).
En la fase de sostenibilidad y desarrollo inclusivo (2010-presente), Costa Rica ha luchado tanto con la desigualdad social, la informalidad laboral y la financiación limitada durante la última década. No obstante, todavía mantiene una posición de liderazgo regional en desarrollo humano con un IDH de 0.81 en 2022, uno de los más altos en América Latina (PNUD, 2023). Esto está respaldado por el compromiso con las energías renovables (más del 98% de la generación de energía proviene de renovables limpias) y el desarrollo del ecoturismo como una base sólida para su modelo de crecimiento sostenible (OCDE, 2017). Mientras tanto, una serie de políticas sociales han intentado reducir las desigualdades de género y territoriales, aunque los problemas relacionados con la redistribución del ingreso y la viabilidad del sistema fiscal siguen siendo relevantes.
4. Situación actual de México en relación con el desarrollo humano
México se ubica en la categoría de alto desarrollo humano, de acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano 2023/24 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2023). Su Índice de Desarrollo Humano (IDH) alcanzó un valor de 0.789 en 2023, situándolo en la posición 81 a nivel mundial, ligeramente por encima del promedio de América Latina y el Caribe (0.783). Este valor refleja avances en esperanza de vida, educación e ingreso; sin embargo, las desigualdades estructurales limitan la conversión plena de estos logros en bienestar efectivo (PNUD, 2023).
En el ámbito educativo, México presenta una brecha significativa entre los años esperados de escolaridad (14.5) y los años promedio alcanzados (9.3). Esta diferencia refleja problemas de deserción escolar, inequidad en el acceso y calidad educativa desigual entre regiones urbanas y rurales (OECD, 2018). A pesar de que el país ha incrementado la cobertura educativa, la falta de continuidad en políticas públicas y las disparidades territoriales siguen siendo desafíos centrales.
En el área de salud, la esperanza de vida al nacer se sitúa en 75.1 años, cifra menor a la de otros países con un ingreso per cápita similar. Factores como la alta prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, obesidad y cardiovasculares), junto con la desigual cobertura sanitaria en zonas rurales, contribuyen a esta brecha (CEPAL, 2022). La pandemia de COVID-19 evidenció además la fragilidad del sistema de salud y generó un retroceso temporal en los indicadores de desarrollo humano.
En cuanto al ingreso, el país registra un Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita ajustado por paridad de poder adquisitivo de 21,813 dólares (PNUD, 2023). Sin embargo, este indicador se ve limitado por la persistencia de la informalidad laboral —que alcanza a más del 55 % de la población económicamente activa— y por la baja productividad de amplios sectores (Banco Mundial, 2022). Esto significa que el crecimiento económico no siempre se traduce en mejoras proporcionales en el bienestar de la población.
La desigualdad social y territorial constituye uno de los mayores retos de México. El IDH ajustado por desigualdad (IHDI) se ubica en 0.646, lo que implica una pérdida del 18 % del potencial de desarrollo humano debido a disparidades en ingreso, educación y salud (PNUD, 2023).
Esta situación es aún más evidente en el ámbito regional: mientras algunos estados del norte presentan indicadores cercanos al nivel de países con muy alto desarrollo humano, entidades del sur como Chiapas, Oaxaca y Guerrero exhiben rezagos equiparables a países de desarrollo medio (PNUD, 2023).
Asimismo, la desigualdad de género continúa siendo una limitante. El Índice de Desigualdad de Género (IDG) en México es de 0.358, lo que refleja pérdidas de potencial humano asociadas con la menor participación laboral y política de las mujeres, así como con brechas en salud reproductiva (PNUD, 2023). Este indicador muestra que, a pesar de los avances normativos en equidad, persisten retos estructurales para lograr una igualdad sustantiva.
En síntesis, México enfrenta un escenario dual; por un lado, mantiene logros sostenidos que lo colocan por encima del promedio regional; por otro lado, presenta rezagos internos significativos que frenan su avance hacia la categoría de muy alto desarrollo humano. Los principales desafíos incluyen cerrar las brechas educativas, garantizar la cobertura universal en salud, impulsar empleos formales y productivos, así como reducir las desigualdades de género y territoriales. Superar estas limitaciones requiere políticas públicas de largo plazo, articuladas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y con una visión de Estado que trascienda los ciclos políticos sexenales (Kliksberg, 2001; Stiglitz et al. 2010).
5. Metodología
El presente estudio adopta un diseño cuantitativo comparado de carácter longitudinal, orientado a analizar la relación entre crecimiento económico y desarrollo humano en México y Costa Rica durante el período 1990–2023. Este enfoque permite examinar la evolución de indicadores económicos y sociales a lo largo del tiempo, así como identificar patrones de asociación entre variables estructurales del desarrollo en ambos países.
El análisis se basa en datos de frecuencia anual, lo que permite observar tendencias de mediano y largo plazo en los indicadores seleccionados. El estudio tiene un carácter exploratorio-explicativo, ya que busca identificar asociaciones empíricas entre variables económicas y sociales relevantes para el desarrollo humano, sin pretender establecer relaciones estrictamente causales.
Las fuentes de información utilizadas corresponden a bases de datos internacionales ampliamente reconocidas en la literatura sobre desarrollo humano y crecimiento económico. Entre ellas destacan el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para los indicadores del Índice de Desarrollo Humano (IDH), el Banco Mundial para variables macroeconómicas como el Producto Interno Bruto per cápita, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para información complementaria sobre desigualdad, pobreza y estructura social. Asimismo, se consultaron estadísticas oficiales de organismos nacionales como el INEGI en México y el INEC en Costa Rica.
En términos operativos, el análisis considera como variable dependiente el Índice de Desarrollo Humano (IDH), utilizado como indicador sintético del bienestar de la población. Como variables independientes se incluyen el logaritmo natural del Producto Interno Bruto per cápita (ln PIB per cápita), el nivel educativo, la esperanza de vida y la desigualdad del ingreso medida a través del coeficiente de Gini. Estas variables representan dimensiones clave del desarrollo humano, vinculadas con la capacidad de las economías para transformar el crecimiento económico en bienestar social.
Para evaluar la relación entre estas variables se emplean técnicas de estadística descriptiva, análisis de correlación de Pearson y modelos de regresión lineal estimados mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios (OLS). La estadística descriptiva permite identificar tendencias generales y diferencias entre ambos países, mientras que las correlaciones de Pearson facilitan evaluar la intensidad de asociación entre las variables analizadas. Por su parte, la regresión lineal OLS permite estimar el efecto conjunto de los determinantes económicos y sociales sobre el desarrollo humano.
El modelo econométrico estimado puede expresarse de manera general de la siguiente forma:
Donde IDHit representa el Índice de Desarrollo Humano para el país ien el periodo t; PIBpc corresponde al Producto Interno Bruto per cápita; Educación refleja el nivel educativo promedio; Esperanza de Vida indica la esperanza de vida al nacer; y Gini mide la desigualdad en la distribución del ingreso.
5.1 Definición operativa de las variables
El modelo considera como variable dependiente el Índice de Desarrollo Humano (IDH), indicador compuesto elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que integra dimensiones de ingreso, educación y esperanza de vida.
Como variables independientes se incluyen el Producto Interno Bruto per cápita (PIBpc) expresado en dólares constantes y transformado mediante logaritmo natural (ln PIBpc) para reducir problemas de heterocedasticidad; el nivel educativo, aproximado a través de los años promedio de escolaridad de la población adulta; la esperanza de vida al nacer, medida en años; y la desigualdad del ingreso, estimada mediante el coeficiente de Gini.
Todos los indicadores se obtienen de bases de datos internacionales comparables, principalmente del Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), lo que garantiza la consistencia metodológica entre países.
El procesamiento estadístico de los datos se realizó utilizando el software SPSS, el cual permitió aplicar las técnicas de análisis descriptivo, correlacional y de regresión utilizadas en el estudio.
Es importante señalar que el modelo estadístico empleado tiene un alcance principalmente asociativo y explicativo de tendencias generales; por lo tanto, sus resultados deben interpretarse con cautela en términos causales. Dado el carácter documental y comparativo del estudio, así como el uso de datos agregados provenientes de organismos internacionales, el análisis busca identificar patrones consistentes entre crecimiento económico y desarrollo humano, más que establecer relaciones de causalidad estricta. En este sentido, los hallazgos se interpretan como evidencia empírica que respalda el análisis comparativo entre México y Costa Rica, en coherencia con la literatura regional sobre desarrollo humano.
6. Resultados
El análisis comparativo entre México y Costa Rica, en el marco de la Agenda 2030, permite observar patrones diferenciados en cuanto a la relación entre crecimiento económico y desarrollo humano. Los resultados se desprenden tanto de la revisión documental como de los indicadores estadísticos analizados, y evidencian que el tamaño de la economía no necesariamente garantiza mejores niveles de bienestar, equidad ni sostenibilidad social.
En primer lugar, se aprecia que México, con un Producto Interno Bruto (PIB) de gran magnitud en la región latinoamericana, mantiene un crecimiento económico sostenido pero caracterizado por fluctuaciones marcadas en periodos de crisis, como la recesión de 2008-2009 y la pandemia de COVID-19 en 2020. Costa Rica, por su parte, exhibe un crecimiento de menor escala absoluta, pero con mayor estabilidad relativa y una capacidad más clara para traducir dicho crecimiento en mejoras sociales. Esto se refleja en el PIB per cápita, donde Costa Rica supera a México en gran parte del periodo analizado, demostrando un aprovechamiento más eficiente de sus recursos económicos en función de su población.
En segundo término, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) confirma la ventaja relativa de Costa Rica sobre México. Los valores de Costa Rica se mantienen por encima en educación, salud y esperanza de vida, evidenciando que la inversión sistemática en capital humano ha sido determinante para sostener logros sociales. México, aunque registra avances en el IDH, enfrenta rezagos estructurales, sobre todo en términos de desigualdad regional, acceso equitativo a servicios de salud y calidad educativa. La brecha entre los años esperados de escolaridad y los alcanzados en México muestra la persistencia de problemas de deserción escolar y disparidades territoriales.
Asimismo, los resultados del coeficiente de Gini revelan una desigualdad persistente en México, con pérdidas significativas en el IDH ajustado por desigualdad (IHDI). Esto implica que, a pesar del crecimiento económico, los beneficios no se distribuyen de manera equitativa. En contraste, Costa Rica ha conseguido reducir gradualmente sus niveles de desigualdad, apoyada en políticas sociales universales y en un modelo de Estado social consolidado desde mediados del siglo XX.
En relación con la pobreza, la proporción de población afectada en México es significativamente mayor que en Costa Rica. Mientras Costa Rica presenta reducciones sostenidas en sus niveles de pobreza nacional, México mantiene cifras que reflejan un reto estructural y que ponen en evidencia la fragilidad de las políticas sociales para mitigar las desigualdades.
En materia de inversión pública, los resultados confirman la importancia de las prioridades gubernamentales. Costa Rica destina un porcentaje mayor de su PIB tanto a la educación como a la salud, con niveles más estables que se traducen en avances en la esperanza de vida, alfabetización y cobertura sanitaria universal. México, en cambio, presenta niveles relativamente bajos y fluctuantes en ambos rubros, lo cual limita la capacidad del país para consolidar su desarrollo humano.
Finalmente, la evidencia indica que Costa Rica ha logrado alinear su modelo económico con principios de sostenibilidad y equidad social. La inversión en energías renovables, el fortalecimiento del ecoturismo y las políticas ambientales han permitido al país posicionarse como un referente internacional en materia de desarrollo sostenible. México, aunque cuenta con una economía diversificada y mayor disponibilidad de recursos, enfrenta el desafío de traducir su crecimiento económico en un desarrollo más equitativo e inclusivo, lo que requiere políticas de largo plazo orientadas a la reducción de desigualdades, la formalización del empleo y la mejora sustantiva de los sistemas de salud y educación.
Los resultados muestran que, mientras México mantiene un crecimiento económico superior en términos absolutos, Costa Rica destaca por su capacidad de articular dicho crecimiento con la inversión social y la sostenibilidad ambiental, logrando indicadores más favorables de desarrollo humano. Ello sugiere que el tamaño de la economía no es suficiente para garantizar el bienestar social, sino que las políticas públicas orientadas al capital humano, la equidad y la sostenibilidad resultan determinantes en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030.
7. Conclusiones
Los resultados comparativos entre México y Costa Rica muestran con claridad que la brecha en materia de desarrollo humano no se explica únicamente por el ritmo de crecimiento económico, sino por la calidad institucional, la progresividad del gasto social y la coherencia inter temporal de las políticas públicas. En otras palabras, el desarrollo humano no depende solo del monto de recursos disponibles, sino de cómo se distribuyen, en qué se invierten y bajo qué criterios de continuidad y rendición de cuentas.
A pesar de que México exhibe un PIB per cápita mayor en términos absolutos y una mejora acumulada más extensa desde 1990, Costa Rica ha demostrado una capacidad superior para transformar el crecimiento económico en bienestar efectivo y sostenible. Esto revela una profunda diferencia estructural en el funcionamiento de sus modelos de desarrollo.
El caso costarricense descansa en tres pilares fundamentales: i) la existencia de un Estado social consolidado que garantiza la continuidad del gasto público en salud y educación, incluso en escenarios de restricción fiscal; ii) una menor volatilidad en las políticas de protección social, sustentada en acuerdos políticos de largo plazo y una sociedad civil vigilante; y iii) una cultura política redistributiva que prioriza el bienestar colectivo sobre los ciclos electorales o los intereses corporativos.
Por el contrario, el modelo mexicano, aunque dinámico en términos macroeconómicos, presenta interrupciones cíclicas y discontinuidad de políticas públicas, que terminan diluyendo el impacto del gasto en desarrollo humano.
El gasto social es el factor diferencial más visible. En el ámbito del gasto social, la evidencia es contundente. Costa Rica destina alrededor del 6,2% del PIB a educación y 7,2% a salud, mientras que México apenas alcanza el 4,2% y el 5,7% respectivamente
Esta diferencia no es marginal, sino estructural: revela que, aunque el ingreso fiscal costarricense es menor, la prioridad política e institucional asignada a la inversión humana es sustancialmente mayor. En México, por el contrario, la política social depende en gran medida de programas de transferencia condicionada o asistencial, los cuales, si bien son útiles para mitigar la pobreza coyuntural, no generan movilidad social sostenida ni fortalecen la base estructural del desarrollo humano.
Costa Rica ha logrado preservar un modelo universalista de salud y educación, donde el acceso no depende del nivel de ingreso ni de la adscripción laboral, sino del derecho ciudadano. México, en cambio, opera bajo un modelo fragmentado y segmentado, donde los servicios sociales se dividen por tipo de empleo y por entidad federativa, lo que reproduce desigualdades territoriales e institucionales.
En el plano de la desigualdad, la comparación adquiere un matiz paradójico. El coeficiente de Gini es elevado en ambos países, pero mientras Costa Rica ha logrado mantener una estructura fiscal y social más inclusiva, México experimenta un fenómeno de crecimiento concentrador, en el cual los avances en ingreso y productividad no se traducen en equidad distributiva.
La caída acumulada del Gini mexicano desde los años noventa es mayor que la costarricense, pero esta mejora no ha tenido un impacto perceptible en los niveles de bienestar general. Ello sugiere que, en México, la desigualdad no solo persiste, sino que actúa como un freno sistémico, limitando la capacidad del Estado para traducir crecimiento económico en bienestar social.
Este fenómeno refleja un patrón estructural de ineficiencia redistributiva: el ingreso aumenta, pero la concentración impide que los beneficios lleguen a los segmentos más vulnerables. En cambio, Costa Rica mantiene un equilibrio más funcional entre crecimiento y equidad, gracias a un sistema tributario progresivo y a una red de políticas sociales coherentes.
El análisis de la esperanza de vida resulta particularmente revelador y simbólico. México alcanza 75.1 años, mientras que Costa Rica supera los 80.8 años, generando un diferencial de casi seis años.
Esta brecha temporal, más que biológica, es social e institucional; refleja diferencias en el acceso efectivo a la salud, en la calidad de la atención médica, y en la integración de políticas preventivas a lo largo del ciclo de vida.
Dado que el PIB per cápita costarricense no es exponencialmente mayor, esta diferencia solo puede explicarse por la eficiencia del gasto sanitario, la universalidad de la cobertura, la cohesión comunitaria y la confianza institucional.
México ha mejorado en esperanza de vida durante las últimas décadas, pero los avances son desiguales entre regiones y grupos sociales, lo que evidencia la ausencia de una política nacional homogénea. En términos de desarrollo humano, esto implica que las condiciones de vida están más determinadas por el lugar de residencia que por el nivel macroeconómico del país.
En educación, México supera levemente a Costa Rica en años promedio de escolaridad (9.3 vs. 8.8). Sin embargo, esta ventaja cuantitativa se diluye al analizar la calidad del aprendizaje. Las evaluaciones internacionales muestran que el sistema educativo costarricense alcanza mayor coherencia entre cobertura, equidad y resultados, mientras que México presenta brechas significativas de aprendizaje y deserción, particularmente en zonas rurales e indígenas.
La política educativa mexicana ha priorizado la expansión de la cobertura sobre la formación de competencias y la equidad de resultados, generando una población más escolarizada pero no necesariamente más preparada para la innovación o la productividad. Costa Rica, por su parte, ha sostenido un modelo educativo más cohesionado, menos segmentado y con continuidad intergeneracional, lo cual explica su mejor desempeño en indicadores de capital humano y competitividad social.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) sintetiza las diferencias estructurales. Costa Rica (0.833) supera claramente a México (0.789). Este diferencial, aunque numéricamente moderado, representa una brecha cualitativa significativa en la traducción del ingreso en bienestar. Mientras el modelo costarricense exhibe una fuerte correlación entre crecimiento, gasto social y desarrollo humano, el modelo mexicano se caracteriza por un crecimiento de baja intensidad distributiva, donde el ingreso aumenta más rápido que las capacidades humanas.
Esta asimetría configura un escenario de “crecimiento sin desarrollo”, incompatible con los objetivos de la Agenda 2030, particularmente con los ODS 3 (Salud y Bienestar), ODS 4 (Educación de Calidad), ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico) y ODS 10 (Reducción de las Desigualdades).
Desde una perspectiva crítica, el caso costarricense valida la tesis de que la estabilidad institucional, la inversión social sostenida y la confianza ciudadana son multiplicadores del desarrollo humano. México, en cambio, ilustra los límites de un modelo macroeconómicamente eficiente pero socialmente ineficaz.
Si el país desea converger hacia los niveles de bienestar de Costa Rica, deberá reorientar su estructura fiscal hacia la progresividad, fortalecer la gobernanza y la evaluación de los programas sociales, y blindar la inversión en salud y educación de la volatilidad política y presupuestal.
De no hacerlo, continuará atrapado en la trampa del crecimiento desigual, donde la expansión del PIB convive con el estancamiento del bienestar humano. En tal contexto, el desafío del México contemporáneo no es solo crecer más, sino crecer mejor, con una estructura económica que redistribuya de forma eficiente y sostenida los frutos del desarrollo.
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