Revista Ciencias Sociales #191 2026 (I) • ISSN ELECTRÓNICO: 2215-2601
La Cámara de Industrias y los gobiernos del PCU y PLN en el periodo de reestructuración económica costarricense (1978-1985)
The Chamber of Industries and the PCU and PLN Governments in the Period of Economic
Restructuring (1978-1985)
Natalia Chavarría Jiménez*
Tipo de documento: artículo académico
Fecha de ingreso: 10/09/2025 • Fecha de aceptación: 20/02/2026
Resumen
Este trabajo analiza la relación entre la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) y las administraciones de Rodrigo Carazo y Luis Alberto Monge en el periodo enero 1978-abril 1985, con el fin de determinar si estas administraciones cumplieron las expectativas político-económicas de los industriales. Se empleó un enfoque cualitativo mediante análisis de discurso, tomando como fuente principal el suplemento El Industrial. El estudio evidencia que ni el Partido Coalición Unidad (PCU) ni el retorno del Partido Liberación Nacional (PLN) se ajustaron a las demandas del sector.
Palabras clave: industria, empresa industrial, tecnocracia, libre comercio, recesión económica, política gubernamental
Abstract
This study analyzes the relationship between the Costa Rican Chamber of Industries (CICR) and the administrations of Rodrigo Carazo and Luis Alberto Monge during the period January 1978–April 1985, with the aim of determining whether these administrations met the industrial sector’s political and economic expectations. A qualitative approach was employed through discourse analysis, using El Industrial supplement as the main source. The study shows that neither the PCU nor the return of the PLN aligned with the sector’s demands.
Keywords: industry, industrial enterprises, technocracy, free trade, economic recession, government policy
* Universidad de Costa Rica, San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica.
https://orcid.org/0000-0003-4188-1054
nathalia.chavarria@ucr.ac.cr
1. Introducción
A finales de los setenta e inicios de los años ochenta, Costa Rica enfrentó quizá la peor crisis económica de su historia y entró en un proceso de reestructuración que marcó el agotamiento del modelo de Estado benefactor. Entre las principales causas se identifican la dependencia de divisas generadas por las exportaciones agrícolas, el incremento de los precios internacionales del petróleo, el déficit (comercial y fiscal) y el aumento de las tasas de interés (Rovira, 1987), así como la caída del precio del café y la fuerte devaluación del colón (Vargas Solís, 2002). El distanciamiento entre la industria y el Gobierno comenzó durante la administración de Daniel Oduber (1974-1978), cuando conflictos internos por el rumbo de la Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA) provocaron la exclusión de los representantes de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) de su junta directiva. Esta medida, aunada a la percepción de abandono por parte del Partido Liberación Nacional (PLN) a la empresa privada, motivó que parte del sector trasladara su apoyo al Partido Coalición Unidad (PCU) en las elecciones de 1978 (Rovira, 1993).
Las expectativas depositadas en el nuevo gobierno se desvanecieron rápidamente. La administración Carazo, encabezada por una coalición de composición heterogénea, adoptó políticas que agravaron la crisis de 1980 (Rovira, 1987). Se devaluó la moneda, se planteó una reforma tributaria y se otorgó un papel central a tecnócratas liberales, quienes propugnaban el retiro de estímulos a la industria y su exposición directa al libre mercado. El sector industrial interpretó estas medidas como un proceso de depuración que favorecía solo a las empresas más eficientes, mientras que debilitaba al conjunto de la actividad manufacturera. En este contexto, lo único que la industria esperaba era nuevamente un cambio de gobierno en 1982, independientemente del partido que ganara.
Para Hidalgo (2003), el único partido con probabilidades reales de triunfo era el PLN, dado el descrédito del PCU. Para la Cámara, el retorno liberacionista ofrecía la esperanza de revertir las iniciativas liberales que habían impulsado la desprotección industrial, dado que el PLN había promovido históricamente la industrialización. No obstante, persistía la incertidumbre sobre si esta nueva administración abandonaría definitivamente el rumbo hacia el neoliberalismo o, por el contrario, lo consolidaría. En este sentido, el objetivo de este artículo es analizar la relación de la Cámara con las administraciones del PCU y el PLN, identificando los actores y dinámicas que variaron entre ambos gobiernos, y evaluando en qué medida el cambio político significó o no un giro favorable para el sector industrial costarricense.
El texto se articula a partir de cuatro ejes conceptuales que permiten analizar la relación entre industria privada, política económica y reestructuración del modelo de desarrollo en Costa Rica en nuestro periodo de estudio. En primer lugar, resulta central el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) como categoría analítica para explicar la expansión industrial costarricense desde la década de 1950. La literatura ha mostrado que dicho modelo se sustentó en una fuerte protección arancelaria, incentivos fiscales, crédito preferencial y un marcado intervencionismo estatal, lo que permitió el crecimiento del sector manufacturero, pero también generó dependencia de insumos importados, baja competitividad y desequilibrios estructurales, particularmente en la balanza de pagos (Prebisch, 2012). Desde esta perspectiva, la crisis de inicios de los años ochenta no se interpreta únicamente como un fenómeno coyuntural, sino como la manifestación del agotamiento del modelo de desarrollo.
En segundo lugar, los enfoques de economía política del desarrollo y del Estado desarrollista permiten analizar la interacción entre el Estado, el sector productivo y los grupos de poder económico. Estos enfoques conciben a la industria no solo como un actor económico, sino como un actor político corporativo, con capacidad de incidencia, negociación y confrontación frente a los poderes de la República. Asimismo, facilitan comprender el papel de los tecnócratas, las instituciones estatales y los organismos financieros internacionales en la redefinición de las políticas crediticia, fiscal, comercial y cambiaria durante el proceso de crisis y ajuste estructural (Gilli, 1981; Villasuso, 2000; Hidalgo, 2003).
Un tercer eje teórico lo constituye la teoría de las crisis económicas y la reestructuración productiva en economías pequeñas y abiertas. Desde este enfoque, la crisis costarricense se explica por la convergencia de factores externos, como los choques petroleros, el aumento de las tasas de interés internacionales y el deterioro del Mercado Común Centroamericano; y factores internos, entre ellos, el endeudamiento, el déficit fiscal y la fragilidad del aparato productivo nacional. Estas condiciones obligaron a una reorganización del modelo económico y condicionaron las respuestas del sector industrial frente a la pérdida de incentivos, la contracción del mercado interno y la presión por orientarse hacia mercados externos (Céspedes et al., 1983; Rovira, 1987).
Finalmente, la investigación incorpora aportes de la historia empresarial y del análisis de discurso, enfoques que permiten estudiar las percepciones, argumentos y estrategias narrativas del sector industrial frente a la crisis y la reestructuración económica. Desde esta perspectiva, los comunicados de la Cámara de Industrias son analizados no solo como reflejo de intereses económicos, sino como construcciones discursivas orientadas a legitimar posiciones, influir en la opinión pública, en la ciudadanía y negociar con el Estado en un contexto de cambio estructural (Pacheco, 1981; Rovira, 1993; Salgado, 2019).
En conjunto, este marco permite analizar a la industria privada costarricense como un actor históricamente situado, cuyas posiciones frente a la liberalización y el neoliberalismo estuvieron condicionadas por su trayectoria bajo el modelo ISI, por su relación con el Estado y por las tensiones propias de un proceso de reestructuración económica gradual y conflictivo.
2. Del diálogo a la indiferencia: administración Carazo
En febrero de 1978, un editorial manifestó cuáles eran las expectativas del empresariado costarricense frente al nuevo gobierno. La respuesta apuntaba a la necesidad de contar con reglas claras y estables que permitieran planificar el trabajo con anticipación, evitando la improvisación y el riesgo de reformas inesperadas que obstaculizaran las operaciones o alteraran repentinamente sus proyecciones. De igual forma, el sector confiaba en que la nueva administración contribuyera a eliminar los estigmas que se habían extendido contra la figura del empresario nacional, a quienes en ocasiones se les había acusado de actuar como explotadores o de ser personas adineradas carentes de sensibilidad social (“Lo que siempre esperamos”, 15 de febrero de 1978, p. 2; “Agotamiento de la capacidad tributaria”, 4 de enero de 1978, p. 2).
Como se indicó anteriormente, una de las principales razones por las que la industria privada no respaldó al PLN en las elecciones de 1978 fue el creciente malestar con CODESA, empresa pública promovida y fortalecida por los últimos gobiernos liberacionistas, en especial el de Daniel Oduber. La CICR denunció que dicha entidad había recibido una proporción considerable de los créditos otorgados por el Sistema Bancario Nacional (SBN), en detrimento del sector privado (Clark, 1993). Bajo esta perspectiva, los industriales confiaban en que el nuevo gobierno pondría fin a estas prácticas que solo favorecían al aparato público y que además generaban un gasto elevado y sostenido, contribuyendo al déficit fiscal. A continuación, se examinará la relación de la Cámara con algunos miembros del gabinete de Rodrigo Carazo.
2.1 Centro para la Promoción de Exportaciones y las Inversiones (CENPRO)
Durante el periodo 1968-1983, el Centro para la Promoción de las Exportaciones e Inversiones (CENPRO) fue la principal institución encargada de la política comercial externa en Costa Rica. Creado mediante la Ley 4081 de 1968 y adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el CENPRO tuvo como objetivo impulsar las exportaciones y promover inversiones para incrementar la generación de divisas y diversificar la estructura exportadora del país, altamente concentrada en productos tradicionales como banano, azúcar, café y carne. Para ello, la institución combinó funciones de asesoría al Gobierno en materia de política comercial, así como la identificación y divulgación de oportunidades de inversión industrial y agrícola dirigidas tanto a inversionistas nacionales como extranjeros (Ministerio de Comercio Exterior [COMEX], 2012).
El CENPRO se estructuró como un ente público semiautónomo, condición que le permitía acceder a cooperación técnica de organismos internacionales, entre ellos la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID). En este marco, tuvo un papel activo en la aprobación de la Ley para la Promoción de las Exportaciones en 1972, normativa que incorporó los Certificados de Abono Tributario (CAT) como mecanismo de incentivo fiscal (Clark, 1993).
No obstante, hacia 1980 no era valorado como una iniciativa exitosa. Clark identificó tres factores. En primer lugar, la institución enfrentó limitaciones internas, ya que su personal carecía de la capacitación necesaria para ejecutar de manera efectiva los programas de apoyo e incidir en la orientación de la política económica. En segundo término, la promoción de exportaciones no tradicionales no constituyó una prioridad gubernamental durante la década de 1970, situación que solo comenzó a revertirse a inicios de los años ochenta, cuando la presión de los organismos financieros internacionales obligó al país a diversificar su estructura productiva. Ello se relaciona con el contexto previo, caracterizado por elevados niveles de producción industrial y por la confianza estatal en la disponibilidad de recursos externos, particularmente los denominados petrodólares. Finalmente, la autora señala que el escenario internacional de la década de 1980 resultó más propicio para impulsar procesos de diversificación exportadora.
Durante el gobierno de Carazo, Gonzalo Fajardo Salas, quien se desempeñaba como director ejecutivo de CENPRO, admitió que la institución no logró establecer una relación relevante con las exportaciones de bienes no tradicionales hacia el Mercado Común Centroamericano (MCCA) ni hacia otros mercados, calificando su papel como neutral. De acuerdo con Pacheco (1981), muchas empresas industriales no participaban en la exportación debido a la carencia de infraestructura adecuada o porque no encontraban el proceso económicamente atractivo. Fajardo señaló que esta situación respondía a la ausencia de coordinación entre las entidades responsables de diseñar y aplicar la política comercial, así como al uso ineficaz de los recursos en iniciativas mal planificadas. También advirtió que el país no disponía de una oferta exportable constante y que la producción de bienes no tradicionales no había crecido (“El CENPRO es para los empresarios”, 27 de junio de 1978).
A pesar de su autocrítica, también responsabilizó a los industriales por su indiferencia ante los problemas de exportación, al no utilizar espacios gremiales para presionar por soluciones. Por ejemplo, relató que, de 38 empresas invitadas a una reunión para promover el uso de la zona libre de Colón, solo asistieron ocho y sin representación de la cámara empresarial convocada (No existe coordinación para comercio exterior, 11 de enero de 1980). Para Fajardo, esta falta de compromiso restaba utilidad al CENPRO. Max Koberg (ex presidente de la Cámara de Industrias) coincidió en que la apatía gremial era uno de los mayores problemas del sector (“Me voy con la satisfacción de haber cumplido la labor”, 19 de julio de 1978).
Pese a estas críticas, el Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas (IICE) encontró que el 38% de las empresas exportadoras evaluó positivamente los servicios de CENPRO, y un 6% los calificó de excelentes, cabe aclarar que estos porcentajes representan a las grandes empresas, pues las pequeñas, al no exportar, apenas tenían relación con la entidad (Pacheco, 1981). En la gran industria, el escaso interés por ampliar mercados (centrándose en el nacional y, en menor medida, en el regional) contrastaba con la marginalidad de la pequeña industria, condicionada por la falta de información y vínculos institucionales.
La valoración relativamente positiva de CENPRO por parte de un segmento de las empresas exportadoras no contradice necesariamente el diagnóstico general sobre sus limitaciones institucionales. El análisis de las fuentes permite identificar varias explicaciones. En primer lugar, los resultados del IICE reflejan principalmente la percepción de la gran industria, que era la que mantenía algún vínculo efectivo con la institución. En estos casos, la evaluación favorable no obedecía a una estrategia sostenida de diversificación exportadora, sino a un uso limitado y selectivo de los servicios disponibles. Como se ha señalado, el mercado prioritario para la gran industria continuaba siendo el nacional y, en segundo término, el regional; por ello, no existían incentivos suficientes para asumir los riesgos asociados a la incursión en terceros mercados cuando ya se contaba con una clientela estable (Chavarría, 2022).
En contraste, la pequeña industria permaneció al margen de las acciones de CENPRO. Esta situación se explica tanto por la limitada capacidad de las instituciones de apoyo para extender sus servicios más allá del Gran Área Metropolitana, como por las condiciones estructurales del pequeño empresario, quien debía asumir simultáneamente funciones administrativas, técnicas y comerciales. A diferencia del gran industrial, que podía delegar tareas o contratar asesoría especializada, el pequeño empresario carecía del tiempo, los recursos y la proyección necesarios para involucrarse en las actividades promovidas por CENPRO o por la CICR, lo que reducía significativamente su interacción con estas instancias (Ministerio de Industria, Energía y Minas, 1984).
Asimismo, la aparente contradicción entre la evaluación positiva de CENPRO y su limitado impacto debe situarse en un contexto más amplio de desconfianza hacia la acción estatal. Las fuentes sugieren que los empresarios preferían solucionar sus problemas por cuenta propia, no confiaban plenamente en los programas públicos de apoyo, percibidos como ineficientes, lentos y excesivamente burocráticos. Esta percepción ayuda a comprender tanto la escasa colaboración del sector industrial con las actividades impulsadas por CENPRO durante la administración Carazo como la limitada participación empresarial en el posterior Plan de Emergencia promovido por Monge. Como señaló La Nación, la baja respuesta podía explicarse por la esperanza de las empresas de superar la crisis sin ayuda estatal o por la desconfianza en la capacidad del Estado para ejecutar eficazmente estos programas (“Una ayuda inoperante”, 21 de octubre de 1982).
En conjunto, estos elementos permiten comprender que la evaluación favorable de CENPRO por parte de ciertas empresas no implicaba su éxito como política pública, sino que respondía a una combinación de desinterés exportador de la gran industria, exclusión estructural de la pequeña empresa y una relación históricamente marcada por la desconfianza entre el sector productivo y el Estado.
Ahora bien, la falta de interés del sector industrial costarricense por ampliar el mercado y orientarse hacia la exportación durante el periodo previo y posterior inmediato a la crisis de 1980 respondió a un conjunto de factores estructurales acumulados a lo largo de varias décadas. En primer lugar, la industria se desarrolló bajo un modelo de sustitución de importaciones altamente protegido, que garantizaba un mercado interno cautivo mediante aranceles elevados, incentivos fiscales y crédito preferencial. Este esquema redujo los incentivos para competir en mercados externos, ya que la rentabilidad estaba asegurada en el ámbito nacional y regional, particularmente en el MCCA (Chavarría, 2022).
A ello se sumó una limitada competitividad. Buena parte de la industria operaba con altos costos de producción, baja productividad y fuerte dependencia de insumos importados, lo que encarecía los bienes finales y dificultaba su inserción en mercados internacionales más competitivos. Esta situación se vio agravada por la escasez de divisas, el aumento del costo del crédito y la inestabilidad cambiaria tras la devaluación del colón en 1980, factores que restringieron la capacidad de inversión y modernización tecnológica del sector (Chavarría, 2022).
Otro elemento relevante fue el desconocimiento y la escasa experiencia exportadora fuera del mercado regional. Las fuentes muestran que los industriales carecían de información, redes comerciales y capacidades gerenciales para competir en terceros mercados, lo que reforzó una actitud defensiva frente a la apertura comercial y al cambio de modelo de desarrollo. En este sentido, la dependencia histórica del MCCA generó una falsa percepción de suficiencia del mercado, aun cuando este mostraba signos claros de deterioro desde finales de los años setenta (Chavarría, 2022).
En cuanto a la capacidad instalada, si bien existía en algunos casos margen productivo ocioso debido a la contracción del mercado interno durante la crisis, ello no implicaba necesariamente que la industria estuviera en condiciones de abastecer mercados externos de manera sostenida. La falta de competitividad, los problemas de calidad, los costos logísticos y la limitada escala productiva de muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, restringían esa posibilidad. No obstante, las fuentes indican que una parte del sector industrial logró adaptarse gradualmente mediante procesos de reestructuración, reducción de costos y orientación exportadora, especialmente a partir de mediados de los años ochenta, en el marco de una transición al neoliberalismo menos radical que en otros países de la región (Chavarría, 2022).
Antes iniciar este apartado, se debe hacer una precisión. La CICR estaba compuesta fundamentalmente por industriales privados, con un peso importante de la gran industria, aunque formalmente incluía también a pequeñas y medianas empresas. El sector había crecido y se consolidó bajo el modelo de sustitución de importaciones, beneficiándose de incentivos fiscales, crédito preferencial y protección estatal, lo que influyó en la composición y en los intereses representados por la Cámara (Chavarría, 2022).
En cuanto a su orientación ideológica, la CICR no defendió de manera irrestricta la continuidad del modelo intervencionista, pero tampoco promovió una liberalización económica radical. Durante la crisis y el proceso de reestructuración, la Cámara mostró una postura pragmática y gradualista, aceptando el giro hacia el neoliberalismo siempre que este considerara la realidad nacional y se implementara a un ritmo pausado, que la industria pudiera asimilar. Desde esta perspectiva, la CICR sostuvo que la apertura y la reestructuración debían acompañarse de políticas de apoyo y no aplicarse como un “shock” que les dejara en desventaja (Chavarría, 2022).
La interacción con la Asamblea Legislativa estuvo marcada por constantes choques ideológicos, a pesar de que entre sus miembros se encontraba Rodrigo Madrigal Nieto, reconocido industrial y expresidente de la Cámara. En ese contexto, se discutían un nuevo paquete tributario y un proyecto de ley para autorizar los Depósitos Libres de Comercio, ambos rechazados por la Cámara. Las diferencias internas eran notorias, al punto de describir al Parlamento como un escenario de confrontación donde no se aprobaba ningún proyecto desde hacía meses. El sector industrial acusaba a los legisladores de actuar movidos por impulsos momentáneos y de elaborar leyes sin tomar en cuenta el bien común. Asimismo, cuestionaban que el Gobierno promoviera reformas sin consultar a los sectores directamente implicados, confiando únicamente en su propio criterio (“Devaluación de los políticos”, 30 de marzo de 1979, p. 2; “Un proyecto que le resta fortaleza a nuestro desarrollo”, 11 de abril de 1980, p. 2; “Gobierno debe consultar con navieros y usuarios”, 29 de febrero de 1980, p. 8).
Se identificó que existían mecanismos formales de interlocución, principalmente a través de instancias como la Cámara y espacios de diálogo con ministerios y entes técnicos del Ejecutivo. Sin embargo, las fuentes muestran que estos mecanismos no funcionaban de manera vinculante y que, desde la percepción del sector industrial, eran utilizados de forma irregular y selectiva, especialmente en un contexto de crisis y confrontación política (Chavarría, 2022).
Además, las fuentes evidencian que no existía una periodicidad establecida de reuniones entre el sector industrial, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Por el contrario, los contactos tendían a intensificarse de manera coyuntural, en momentos de crisis o ante proyectos específicos, lo que reforzaba la percepción empresarial de exclusión en la toma de decisiones. Esta dinámica alimentó la crítica de la Cámara, que señalaba que muchas reformas económicas se impulsaban sin procesos amplios de consulta previa con los sectores directamente afectados, confiando principalmente en criterios técnicos y políticos definidos desde el Gobierno (Chavarría, 2022).
En paralelo, se denunciaba que el crédito al sector disminuía. La moratoria declarada por Carazo el 18 de setiembre de 1981 dañó la reputación del país y limitó el acceso a financiamiento externo. Aunque no todos en la industria apoyaban el endeudamiento, veían en este una oportunidad para obtener recursos productivos. En mayo de 1981, la CICR solicitó al Congreso agilizar la aprobación de $200 millones ofrecidos por varios organismos, a tasas de interés favorables (“Préstamos: el país está siempre en primer lugar”, 5 de mayo de 1981, p. 2). Sin embargo, la Asamblea respondió negativamente.
En respuesta a la situación, una comitiva empresarial emprendió un viaje a Washington de manera completamente independiente del Gobierno con el fin de exponer sus preocupaciones. Entre el 22 y el 25 de junio de 1981, sostuvieron encuentros con senadores, representantes del Departamento de Estado y organismos financieros internacionales. Si bien, las reuniones con figuras políticas dejaron ver una actitud favorable, los organismos financieros adoptaron una posición más prudente, recordando el incumplimiento del acuerdo con el FMI y la ausencia de aprobación de ciertos préstamos anteriores. El sector industrial enfatizó que su propósito era conseguir recursos para incrementar la producción, equilibrar la balanza comercial y generar mayores ingresos de divisas para el país. No obstante, esta gestión dejó en evidencia la creciente tensión entre la iniciativa privada y el aparato gubernamental (“La empresa privada de Costa Rica ha tomado la firme decisión de levantar al país…”, 3 de julio de 1981, p. 1).
2.3 Los archienemigos de la Industria: Thelmo Vargas (director del BCCR) y Hernán Sáenz (ministro de Hacienda)
Vargas1 y Sáenz2 integraban el grupo de tecnócratas liberales que impulsó una transformación profunda del sistema, “inspirados en los principios del neoliberalismo” (Hidalgo, 2003), además estaban vinculados a la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE), promotora del pensamiento liberalista (Rivera, 1982). Vargas, crítico del proteccionismo industrial, calificó de “descabelladas” las conclusiones del II Congreso Nacional de Industriales; pero, según la Cámara, tergiversó planteamientos allí expuestos, afirmando, por ejemplo, que la educación debía orientarse solo a actividades manufactureras, mientras que la posición industrial era más amplia (“Demagogia no deteriora imagen de la industria”, 6 de junio de 1980, p. 2).
Su analogía de la industria con una niña vendedora de naranjas, publicada en La Nación (30 de abril de 1980), motivó respuesta de la Cámara, que defendió el subsidio como un fomento y advirtió contra “prolongar la adolescencia económica” de las empresas:
En el caso de la niña vendedora de frutas congeladas, mencionada por el señor Thelmo Vargas, parece evidente pues, que estaba recibiendo un subsidio. Pero el ejemplo no es pertinente, puesto que la niña estaba en proceso de desarrollo y por lo tanto el subsidio, en este caso, revestía característica de fomento. El padre fomentaba a la niña el espíritu de empresa, la iniciativa, organización de una actividad y el aprendizaje de un mercado. Lo malo hubiera sido, que el que vendiera frutas, subsidiadas de esa manera, fuera un adulto. Lo malo ha sido, prolongar la adolescencia económica de nuestras empresas en los mercados protegidos. Lo malo será creer, en materia de exportaciones, que la mayoría de nuestras empresas son comercialmente adultas (“Exportaciones y la niña de don Thelmo”, 20 de junio de 1980, p. 2).
Si bien, la sustitución de importaciones brindó estímulos significativos, para Vargas esta política fue más un perjuicio que un beneficio. La Cámara reconocía la protección recibida, pero la consideraba proporcional a la de otros países: “La fiera y desigual batalla contra la industria de Costa Rica […] es tan irreal como los molinos transformados en gigantes” (“Industrias nacionales: molinos y no gigantes”, 21 de setiembre de 1979, p. 2).
Para la CICR, el viraje neoliberal respondía a ideas foráneas inaplicables. Richard Beck criticó las “tesis renovadoras” de Vargas y relató que este veía ventajas comparativas casi exclusivamente en productos agrícolas, lo que implicaría, según su lógica, reducir salarios para competir internacionalmente, a lo que Beck replicó que era “imposible por razones obvias” (“Respuesta a un liberal”, 19 de setiembre de 1980, p. 8).
En la misma línea, el ministro Sáenz afirmaba que la industria nacional operaba con baja eficiencia, estaba excesivamente protegida y era responsable de gran parte de los problemas económicos del país. La Cámara respondió que esas dificultades se originaban en la falta de apoyo estatal en materia de créditos e inversión, y señaló que Sáenz mostraba una preferencia marcada por el sector agrícola, en línea con postulados de la escuela fisiócrata. En 1979, el ministro presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto para prohibir el funcionamiento de las ensambladoras de vehículos, medida que el sector industrial lo interpretó como un intento directo de eliminar a un conjunto de empresas productivas (“La protesta de los industriales”, 14 de marzo de 1980; “Ministro elimina ensambladoras sin respaldo de estudios serios”, 28 de setiembre de 1979).
Sáenz justificó la prohibición de las ensambladoras de vehículos argumentando que estas no constituían una actividad productiva estratégica, sino un sector altamente dependiente de insumos importados que consumía divisas sin generar encadenamientos significativos ni valor agregado nacional. Desde su perspectiva, las ensambladoras operaban bajo un esquema artificialmente protegido, con bajos niveles de eficiencia y sin aportar de manera sustantiva a la solución de los desequilibrios estructurales de la economía costarricense, particularmente el déficit en la balanza de pagos (“Ministro elimina ensambladoras sin respaldo de estudios serios”, El Industrial, 28 de setiembre de 1979).
En términos macroeconómicos, Sáenz sostenía que la eliminación de las ensambladoras permitiría reducir la salida de divisas, racionalizar el uso de recursos escasos y redirigir el crédito y la inversión hacia sectores considerados más productivos y generadores de ingresos externos, especialmente el sector agrícola y exportador. Esta postura se inscribía en una visión que privilegiaba actividades primarias como base “real” de la economía, en detrimento de una industria considerada ineficiente y excesivamente dependiente del Estado, argumento que fue duramente cuestionado por la Cámara de Industrias (“La protesta de los industriales”, El Industrial, 14 de marzo de 1980).
2.4 El presidente Rodrigo Carazo
Durante el gobierno de Rodrigo Carazo se puede identificar una relación de connotaciones paternalistas entre el sector industrial y el presidente. Un ejemplo es la carta que la CICR envió a Carazo, publicada en julio de 1980, donde solicitaban que interviniera para frenar ataques de altos funcionarios:
Se especifica la urgente solicitud al señor Presidente de la República para que interponga sus buenos oficios con el fin de evitar la reiteración de manifestaciones por parte de colaboradores y asesores de su administración que […] se empeñan en proferir ataques y expresiones irrespetuosas para la industria y la colectividad de los industriales… (“Irrespetuosos ataques contra el sector productivo”, 18 de julio de 1980, p. 5).
La carta revela que el sector confiaba en que Carazo lograra reducir las tensiones entre los actores públicos y privados. Sin embargo, aunque el presidente procuró acercarse a los distintos sectores, no fomentó un diálogo directo entre ellos, lo que evidenció su falta de liderazgo (Rovira, 1987). En diversas entrevistas, Carazo describió su programa industrial como una segunda fase de la ISI, centrada en la generación de empleo, la desconcentración geográfica, el equilibrio de la balanza comercial, la mejora de la eficiencia productiva, el avance tecnológico, la integración vertical, el fortalecimiento de la agroindustria, el desarrollo de la industria pesquera y el impulso a la pequeña industria. En su discurso de toma de posesión, instó a la empresa privada a contribuir a la justicia social mediante la creación de riqueza y empleo, comprometiéndose a cambio a establecer reglas claras (“Ante un nuevo gobierno”, 10 de mayo de 1978).
Sin embargo, un año después el director ejecutivo de la CICR, Daniel Madrigal Cubillo, afirmó que el Poder Ejecutivo había generado un clima de hostilidad hacia la industria. Richard Beck advirtió que hablar de una nueva estrategia de desarrollo solo generaba incertidumbre y temor, proponía perfeccionar la existente en lugar de desmantelarlo (“Nuevo modelo económico es utópico en Costa Rica (I)”, 29 de octubre de 1979).
2.5 Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC)
En artículos de marzo de 1979 se identificó fricciones entre Bruce Masis Jiménez, viceministro de Industria, y el sector empresarial. Masis argumentó que los industriales destinaban sus utilidades a la adquisición de maquinaria y equipo como una forma de evitar el pago del impuesto sobre la renta, incluso si esto podía conllevar a un uso poco eficiente de la inversión. Propuso modificar este beneficio para que favoreciera principalmente a las industrias con un alto componente de materia prima nacional y orientadas hacia la agroindustria, la minería y la pesca. Por su parte, Walter Kissling (ex presidente de la Cámara de Industrias) afirmó que la reinversión respondía a una necesidad de crecimiento y a una exigencia de competitividad, más que a un simple deseo del empresariado. La Cámara describió a Masis como un joven teórico carente de experiencia en el ámbito industrial. (“¿Mediocracia o democracia?”, 23 de marzo de 1979).
Carlos Izurieta (1983) señaló que el gran tamaño de la capacidad instalada industrial no respondía a necesidades productivas ni a incentivos estatales, sino a estrategias de control de mercado interno por parte de trasnacionales, apoyadas en inversión, publicidad, capital y redes de comercialización. Posteriormente, el nuevo viceministro del MEIC, Jorge Céspedes, asumió en julio de 1980 con un discurso conciliador, afirmando que el retiro de la protección arancelaria debía ser gradual y con reglas claras (“Nuevo Viceministro decidido a darle su apoyo a la industria”).
2.6 Propuestas de la Cámara para un mejor acercamiento
Frente a los roces con el Gobierno, la Cámara planteó dos estrategias principales. En primer lugar, solicitó que las autoridades consultaran a los sectores involucrados antes de implementar modificaciones económicas, ya que se percibía que las decisiones se estaban tomando de manera unilateral. En segundo lugar, extendió invitaciones constantes a funcionarios para que llegaran a sus instalaciones y dialogaran de forma directa, sosteniendo que la realidad de la industria nacional no podía comprenderse plenamente desde la perspectiva limitada de un despacho (“Incertidumbre en industria por contradicciones en el Gobierno”, 4 de julio de 1980). Estas acciones respondían a la percepción de que las autoridades eran indiferentes a las necesidades industriales.
Las gestiones culminaron el 8 de julio de 1980 con la visita de José Miguel Alfaro, Manuel Naranjo y Hernán Sáenz a la CICR. La reunión dejó satisfechos a los hombres de negocios3, quienes resaltaron que Alfaro reconoció el aporte del sector en el sostenimiento del flujo productivo del país y manifestaron optimismo al prever que el encuentro generaría resultados positivos (“Hablando se entiende la gente”, 18 de julio de 1980).
Empero, la devaluación del colón (setiembre de 1980) marcó un punto de quiebre. Hasta entonces, había intentos de acercamiento, incluso del propio presidente; después, el distanciamiento fue casi total. Max Koberg expresó en junio de 1981 que el sector privado fue el que mostró más esfuerzo y estoicismo para salvar al país de la crisis económica, pero se encontraba totalmente marginado (“Estado, sindicatos y empresa privada”, 26 de junio de 1981). En abril de ese año, Miguel Barzuna criticó que el Ejecutivo tomara decisiones cambiantes “que cada mañana nos decretan desde la cumbre del poder” (“Barzuna pide diálogo con sindicatos”, 10 de abril de 1981, p. 2).
Ese mismo mes, Barzuna propuso presionar para la renuncia del equipo económico, alegando que no se corregirían los errores mientras continuaran en sus cargos (“Préstamos: el país…”, 5 de mayo de 1981). La CICR respaldó su posición y, meses después, pidió a los diputados cambiar la Junta Directiva del Banco Central por personas más capaces y con mayor experiencia (“Cambio de directores del Central pide la Cámara a diputados”, 31 de julio de 1981, p. 3).
El análisis de la administración Carazo refleja una relación progresivamente deteriorada entre la Cámara de Industrias, el Poder Ejecutivo y Legislativo. Si bien, el inicio del gobierno estuvo marcado por espacios de diálogo y la expectativa de una continuidad en el modelo de industrialización (hacia adentro), las decisiones adoptadas (en especial, la devaluación de 1980, la moratoria de pagos y la reducción del apoyo crediticio) generaron un distanciamiento casi irreversible. La ruptura se profundizó con el viraje hacia un enfoque tecnocrático orientado a reducir la protección industrial, interpretado por la CICR como un intento de depuración que favorecía solo a las empresas más competitivas (que eran pocas). La visita empresarial a Washington, al margen de la coordinación gubernamental, simbolizó el punto culminante de esta fractura. En este contexto, las expectativas se trasladaron hacia las elecciones de 1982 como una oportunidad de cambio, independientemente del partido que llegara al poder.
En este punto, es necesario hacer la observación de que la coyuntura de transición desde el modelo proteccionista hacia una estrategia de apertura económica estuvo marcada por una reconfiguración gradual de intereses empresariales, en particular entre aquellos sectores más vinculados al comercio exterior. La crisis evidenció las limitaciones estructurales de la ISI, lo que llevó a que diversos actores económicos identificaran la necesidad de un cambio en la orientación de la política económica. En este contexto, el respaldo a la liberalización del mercado provino principalmente de empresarios asociados a actividades exportadoras, especialmente aquellas no tradicionales, quienes se veían afectados por el sesgo antiexportador generado por la protección arancelaria y no arancelaria (COMEX, 2012).
Desde una perspectiva sectorial, se asocia estas posiciones favorables a la apertura con actores económicos interesados en la diversificación productiva, la atracción de inversión extranjera directa y el aprovechamiento de regímenes especiales como zonas francas, contratos de exportación y mecanismos de admisión temporal. Para estos sectores, la liberalización comercial y la reducción de distorsiones en los precios relativos se percibían como condiciones necesarias para competir en los mercados internacionales y para identificar actividades con ventajas comparativas. Se trata de grupos de interés estructuralmente alineados con una estrategia de inserción internacional más abierta (COMEX, 2012).
En este escenario, la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE) (que inicia operaciones formalmente el 11 enero de 1983) desempeñó un papel relevante como actor técnico-empresarial articulador del proceso de cambio. Fue una organización privada sin fines de lucro, concebida deliberadamente como apolítica y sin intereses gremiales específicos, cuyo objetivo fue impulsar un nuevo enfoque de desarrollo basado en el comercio internacional, la promoción de exportaciones no tradicionales y la atracción de inversión extranjera. Su accionar se orientó a la construcción de capacidades institucionales, al diseño y ejecución de programas de promoción, así como a la canalización de inversiones hacia sectores considerados estratégicos, contribuyendo así a operacionalizar el viraje hacia la apertura económica (COMEX, 2012).
La convergencia entre estos sectores empresariales emergentes, CINDE y el Estado costarricense se dio bajo una lógica de articulación más que de confrontación. A partir de mediados de los años ochenta, el Estado impulsó reformas orientadas al desmantelamiento gradual del proteccionismo y a la creación de una nueva institucionalidad del comercio exterior, en un proceso que respondió tanto a las presiones de la crisis como a las demandas de los actores orientados a la inserción internacional (COMEX, 2012).
3. De la esperanza a la desilusión: entrada del PLN
Si bien, el inicio de una nueva administración generó alivio, persistió la duda, pues la CICR denunció que la campaña electoral estuvo llena de promesas vagas y soluciones confusas, centradas en nuevas cargas tributarias (“Planteamiento público a candidatos sobre proyecto de Reforma Tributaria”, 4 de febrero de 1982). Como parte de su tradición, la Cámara invitó a los principales candidatos a sus instalaciones para exponer sus propuestas en sesiones con formato de almuerzo. El planteamiento de Luis Alberto Monge coincidió plenamente con la agenda industrial, subrayó: “Solo hay una salida ante la crisis: ‘más producción y más exportación”. Además, instó al sector a asumir el reto “con inteligencia, valentía y patriotismo” (“Más producción y más exportación”, 6 de noviembre de 1981, p. 13 y 16).
Su larga trayectoria en el PLN, partido que había impulsado leyes clave como la de Protección y Desarrollo Industrial (1959) y la incorporación al Mercado Común Centroamericano (1963), reforzó su vínculo con la industria. Monge rechazó “copiar experimentos extranjeros” y abogó por perfeccionar lo hecho siguiendo “nuestro propio camino”. Esta postura, contraria a la implantación del neoliberalismo, coincidía con la visión de la CICR, que consideraba ese modelo un ejercicio político de “ensayo, prueba y error” (“Más producción…”, 6 de noviembre de 1981).
Monge aportó un mensaje de optimismo, prometiendo un papel central para la industria. Anunció un Plan de Emergencia que evaluaría 700 empresas para definir apoyos estatales (“Gobierno promete salvar 700 empresas”, 17 de junio de 1982) y sostuvo reuniones con la CICR para recoger propuestas. Su actitud fue conciliadora, complementada por el vicepresidente Alberto Fait, quien afirmó que la nueva estrategia económica se diseñaría tras escuchar a las cámaras y buscar soluciones integrales para todos los sectores (“Nuevo rumbo para la economía busca el gobierno”, 27 de enero de 1983).
3.1 Banco Central de Costa Rica
Según lo registrado por El Industrial, la relación con el BCCR fue favorable. Esta entidad, al igual que el presidente Monge, mostró disposición para atender las demandas del sector. A comienzos de junio, su presidente ejecutivo, Carlos M. Castillo, participó en una actividad en el Club Internacional Colón con el propósito de exponer las directrices de la nueva administración, señalando que la carencia de crédito no debía ser un obstáculo para el sector y que su reactivación era una prioridad central. La asistencia de alrededor de 300 empresarios fue interpretada por la Cámara como una prueba clara del interés existente por conocer el rumbo que Castillo planteaba para su gestión en el Banco Central (“No faltará el crédito para el sector industrial: Castillo”, 3 de junio de 1982). Meses después, en setiembre, se informó que funcionarios del BCCR y representantes de la CICR trabajarían de forma conjunta en la búsqueda de medidas para lograr, finalmente, la entrega de los dólares pendientes a los industriales (“Analizan medidas para agilizar entrega de dólares a industria”, 30 de setiembre de 1982).4
3.2 Otros funcionarios
La CICR manifestó una percepción negativa sobre varios altos funcionarios del gobierno de Monge, acusándolos de emitir criterios adversos a la industria para favorecer a la agroindustria, lo que consideraba una repetición de la administración anterior (“Una repetida petición: reglas de juego claras”, 8 de julio de 1982). Estas declaraciones, sumadas a cambios de posición en distintos foros, generaban desconfianza. La Asociación Costarricense de Gerentes y Empresarios (ACOGE) también criticó que las decisiones se enfocaran en resolver problemas del sector público sin atender al privado, del que provenían los ingresos estatales, por medio de impuestos (Cada 3 días anuncian un plan contra el sector empresarial, 21 de octubre de 1982). La CICR denunció contradicciones: ministros que justificaban exoneraciones en privado, pero en espacios públicos pedían revisarlas.
El Plan de Emergencia para salvar empresas (anunciado por Monge) evidenció la desconfianza: de 300 que retiraron el formulario, solo la mitad lo devolvió. La Nación sugirió que las compañías desconfiaban de la ayuda estatal por su ineficiencia. Carlos Araya (presidente de la CICR) pidió al Gobierno investigar la baja participación, atribuyéndola a la tramitomanía. En abril de 1983, la Cámara señaló que el Plan fracasó por exigencias bancarias excesivas (“Proyecto de ley que tiende a concretar ayuda a empresas”, 7 de abril de 1983). Ruiz et al. (1983) documentaron problemas en servicios públicos, como aduanas, con procedimientos lentos, infraestructura deficiente y desconocimiento del sistema de maquila.
El tema CODESA volvió al centro del debate: representantes de la CICR denunciaron un déficit de ¢ 113 millones y propusieron vender las subsidiarias a inversionistas privados. El sector acusó a CODESA de ineficiencia y alto consumo de crédito, mientras generaba poco empleo y producción (“CODESA, ¿ahora qué?”, 18 de diciembre de 1984). Aunque su presidente defendió que generaba 35 000 empleos, la Cámara pidió su cierre definitivo. Jorge Woodbridge (electo presidente de la CICR el 26 de julio de1984) afirmó que eliminarla ayudaría a estabilizar la economía y Carlos Manuel Zecca (empresario) denunció su uso excesivo de crédito y pérdidas continuas. El Banco Mundial recomendó su privatización (“Eliminar cargas a la exportación”, 4 de agosto de 1983).
3.3 Asamblea Legislativa
En mayo de 1982, la administración entrante enfrentó tensiones con el sector productivo por el proyecto “Sector de la Economía Laboral (SEL)”, que proponía aumentar cargas sociales y, según la CICR, afectaría la competitividad y la inversión (“SEL: no es la oportunidad”, 27 de mayo de 1982). Menos de un mes después, la Cámara pidió “reglas claras” y rechazó el proyecto de ley 8740 sobre participación de los trabajadores en las ganancias, alegando que, en plena crisis, era inoportuno y limitaría la capitalización (Reglas de juego claras, sin proyectos sorpresa, pide Cámara a diputados, 10 de junio de 1982). También cuestionó la reforma al Código de Trabajo, señalando que no se oponía a revisarlo, pero no era adecuado en un momento de crisis (“Nuevo código de trabajo”, 17 de junio de 1982).
La CICR y otras cámaras buscaron disuadir a la Asamblea de aumentar impuestos a la exportación, ofreciendo cooperación técnica. Reconocían la importancia del PLN, que dominaba la Asamblea, y recibieron apoyo de figuras del PCU en temas tributarios. Sin embargo, interpretaron estas iniciativas como un desestímulo a la exportación y una animadversión contra los exportadores (“Desestimulo a la exportación”, 26 de agosto de 1982, p. 14). Coincidieron con críticas de La Nación hacia el Legislativo, acusándolo de obstaculizar la actividad empresarial (“Dura pelea por la exportación”, 4 de noviembre de 1982).
La Cámara acusó a los diputados de desconocer la realidad productiva y actuar con una visión localista, castigando al país por beneficios regionales limitados (“¡Exceso de impuestos retrocede al país!”, 16 de setiembre de 1982, p. 14). Asimismo. en octubre la CICR señaló un “profundo desconocimiento” de las necesidades exportadoras, y la Cámara de Exportadores Costarricenses (CADEXCO) advirtió que sin políticas económicas favorables se cerraban mercados internacionales, ya fuera por altos precios o trabas para concretar exportaciones (Competir en precio y calidad única alternativa de C. Rica, 2 de diciembre de 1982).
Durante el gobierno de Luis Alberto Monge, la relación entre la Cámara de Industrias y el Ejecutivo estuvo marcada por una combinación de acercamientos estratégicos y tensiones persistentes. Aunque desde el inicio se generaron señales de apertura (como la disposición del Banco Central para atender las necesidades de crédito y las reuniones directas con funcionarios clave), las discrepancias en torno a políticas cambiarias, acceso a divisas y priorización de sectores productivos limitaron el alcance de la cooperación. La CICR valoró positivamente ciertos gestos, pero percibió que las soluciones estructurales avanzaban lentamente y no respondían a las urgencias del sector. Así, el periodo cerró con un balance ambivalente: por un lado, se consolidaron canales de comunicación más fluidos; por otro, subsistieron diferencias de fondo en torno al rumbo de la política industrial y la asignación de recursos. Este contraste sería determinante para evaluar, a largo plazo, si el retorno del PLN significó realmente un cambio sustancial respecto a la etapa anterior.
4. Conclusiones
Este análisis muestra que el distanciamiento entre la industria y el gobierno data de la administración Oduber, con conflictos en CODESA y se profundizó bajo el gobierno del PCU. Antes de la devaluación de 1980 hubo diálogo entre el Ejecutivo y la CICR, pero después las relaciones se tornaron tensas, con críticas y amenazas. Un hecho destacado fue la visita de empresarios a Washington sin coordinación con el gobierno, para conocer la postura de EE.UU. y organismos financieros sobre la política crediticia, lo que evidenció la ruptura público-privada. En la administración Carazo también se dio un choque ideológico entre el sector industrial, beneficiado por el intervencionismo, y un grupo tecnocrático que impulsaba un cambio hacia el libre mercado, lo que derivó en un traslape de modelos más que en un reemplazo total.
La llegada del PLN supuso un breve respiro para la industria, pero pronto quedó claro que el gobierno continuaría la reestructuración económica y priorizaría la agroexportación, lo cual desanimó al sector industrial. La crisis (y la presión de organismos internacionales) obligó a las élites políticas a tomar medidas que modificaron el modelo de desarrollo, aunque para los industriales ambas administraciones fueron amenazantes. El PLN, antes aliado, ahora no respondía igual a sus intereses.
Con la apertura comercial iniciada hace más de 40 años y la firma de más de 16 Tratados de Libre Comercio, la CICR mantiene que el diálogo con el gobierno es vital, aunque persisten quejas sobre el distanciamiento público-privado. Sergio Capón (presidente de la CICR, 2025) insistió en no dejar de lado temas como el tipo de cambio, la mano de obra calificada, las barreras arancelarias por parte de Estados Unidos, entre otros (Ortega, 2025).
En el presente, la Cámara insiste en que la coordinación público-privada es esencial para diseñar políticas económicas efectivas y que las lecciones del pasado (falta de coordinación, exclusión de actores productivos e imposición de modelos externos) deben guiar el presente. El desarrollo industrial requiere una visión estratégica compartida, con Estado y sector privado como aliados, para avanzar hacia un modelo que combine eficiencia económica y justicia social, adaptado a la realidad nacional.
5. Referencias
¡Exceso de impuestos retrocede al país! (16 de setiembre de 1982). El Industrial, p. 14.
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Analizan medidas para agilizar entrega de dólares a industria. (30 de setiembre de 1982). El Industrial, p. 20.
Ante un nuevo gobierno. (10 de mayo de 1978). El Industrial, p. 2.
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Cada 3 días anuncian un plan contra el sector empresarial. (21 de octubre de 1982). El Industrial, p. 16.
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1 Se graduó de Economía por la Universidad de Costa Rica, es Master of Business Administration por la Universidad de California, realizó estudios doctorales en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra y también estudió en The College of Insurance. Fue presidente de la ANFE. Es consultor para entidades como la AID, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En la biografía adjunta al libro “Crisis económica y ajuste estructural” se indica: “El señor Vargas se autodefine en lo ideológico y político como neoliberal, por lo tanto defensor de la libertad individual como medio para promover el bien colectivo, y ferviente opositor de la intervención estatal en campos donde la empresa privada puede desempeñarse” (Vargas Solís, 2002).
2 Economista y abogado por la Universidad de Costa Rica, fue Secretario Ejecutivo del Tribunal Administrativo del Banco Interamericano de Desarrollo. “Apoyaba las directrices del FMI y había impulsado el plan de liberalización, explicaba que las viejas estructuras económicas resultaban obsoletas, el sistema de producción se acostumbró al uso excesivo del crédito bancario y ‘a usufructuar tasas de interés subsidiadas, a vender sus productos en mercados cautivos” (Marchena, 2022).
3 Las fuentes sugieren que el sector estaba dominado por hombres.
4 Sobre los dólares atrasados, en la administración Carazo, el BCCR había prometido a los empresarios e industriales entregar certificados en dólares a plazo, a cambio de que depositaran sus colones y recolectar fondos (deuda interna). Pero el PCU dejó el poder sin haber devuelto ni los dólares ni los colones, dejándolos en una posición angustiante. Incluso se abrieron procesos legales para obligar al Banco a pagar. En la administración Monge ese tema fue de difícil solución, pues el país no contaba con suficientes recursos para pagar a los depositantes.